El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardon anunció ayer que, según la propuesta de la comisión de expertos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el presidente del Tribunal Supremo será el único miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con dedicación exclusiva.
Esa es una de las novedades del primer informe que realizó dicha comisión de expertos sobre la reforma del Poder Judicial, que ayer presentó Gallardón al Consejo de Ministros, y que plantea también 'negociar' que doce de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos por y entre los propios jueces y los otros ocho por el Parlamento. Así, Ruiz-Gallardón anunció que iniciaría una ronda de contactos con todos los grupos políticos, porque la intención del Ejecutivo es aprobar la reforma en marzo de 2013, antes de que en septiembre de ese año concluya el mandato del actual Consejo, que deberá ser renovado entonces.
El informe que estudió ayer el Gobierno propone que sólo el presidente del Supremo tenga dedicación exclusiva y situación de servicios especiales en su carrera, y que los otros 20 vocales sigan ejerciendo sus respectivas profesiones siendo retribuidos con dietas por su trabajo en el Consejo, pero podrán seguir siendo retribuidos en sus respectivas profesiones.
CAMBIAN LOS REQUISITOS
Los criterios de profesionalización para garantizar la independencia, máxima transparencia y eficacia, marcaron los cambios previstos en esta propuesta, que todavía no es el anteproyecto de la reforma, y que cambia también algunos de los requisitos para acceder a la presidencia del TS y al CGPJ.
Así, para ser elegido presidente del Supremo, cualquier magistrado deberá contar con una antigüedad mínima de 3 años en la categoría de presidente de Sala, y de tratarse de un jurista, se exigirán 25 años de experiencia, para así -indicó el ministro- 'llevar la excelencia' a la presidencia del alto tribunal. Se crea también la figura del vicepresidente del Supremo, que no formará parte del CGPJ, y que será el sustituto del presidente para evitar duplicidades y problemas como los que se plantearon en el Consejo tras la dimisión de Dívar.
Otra de las propuestas es que el CGPJ esté sometido a las condiciones marcadas por la Ley de Transparencia, como el resto de los órganos constitucionales.
Además, el informe plantea también delimitar las competencias del CGPJ a las materias que le atribuye la Constitución relacionadas con nombramientos, inspección y régimen disciplinario, y que otras funciones, que históricamente ha desarrollado, como la actividad internacional sean coordinadas previamente con el Ministerio de Exteriores.
También se prevé reducir el número de comisiones del Consejo, limitándolas a 3 -Permanente, Disciplinaria e Igualdad- y modifica el sistema de mayorías necesario para la aprobación de los acuerdos, que será mayoría simple en la generalidad de los casos, reservando la reforzada para los asuntos de mayor relevancia.
El informe que estudió ayer el Gobierno propone que sólo el presidente del Supremo tenga dedicación exclusiva y situación de servicios especiales en su carrera, y que los otros 20 vocales sigan ejerciendo sus respectivas profesiones siendo retribuidos con dietas por su trabajo en el Consejo, pero podrán seguir siendo retribuidos en sus respectivas profesiones.
CAMBIAN LOS REQUISITOS
Los criterios de profesionalización para garantizar la independencia, máxima transparencia y eficacia, marcaron los cambios previstos en esta propuesta, que todavía no es el anteproyecto de la reforma, y que cambia también algunos de los requisitos para acceder a la presidencia del TS y al CGPJ.
Así, para ser elegido presidente del Supremo, cualquier magistrado deberá contar con una antigüedad mínima de 3 años en la categoría de presidente de Sala, y de tratarse de un jurista, se exigirán 25 años de experiencia, para así -indicó el ministro- 'llevar la excelencia' a la presidencia del alto tribunal. Se crea también la figura del vicepresidente del Supremo, que no formará parte del CGPJ, y que será el sustituto del presidente para evitar duplicidades y problemas como los que se plantearon en el Consejo tras la dimisión de Dívar.
Otra de las propuestas es que el CGPJ esté sometido a las condiciones marcadas por la Ley de Transparencia, como el resto de los órganos constitucionales.
Además, el informe plantea también delimitar las competencias del CGPJ a las materias que le atribuye la Constitución relacionadas con nombramientos, inspección y régimen disciplinario, y que otras funciones, que históricamente ha desarrollado, como la actividad internacional sean coordinadas previamente con el Ministerio de Exteriores.
También se prevé reducir el número de comisiones del Consejo, limitándolas a 3 -Permanente, Disciplinaria e Igualdad- y modifica el sistema de mayorías necesario para la aprobación de los acuerdos, que será mayoría simple en la generalidad de los casos, reservando la reforzada para los asuntos de mayor relevancia.
