Representantes de la abogacía y de la justicia valenciana han advertido hoy del problema económico que podría tener el Estado en el caso de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronunciara en contra de la ley de tasas judiciales, ya que podría generar numerosas reclamaciones ciudadanas de devolución.
Así lo han expuesto en rueda de prensa el presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Valencia, Pedro Castellano, el decano del Colegio de Abogados, Mariano Durán, y la secretaria judicial del Tribunal Superior de Justicia María del Buen Consejo de la Guardia, quien han coincidido en criticar la 'desproporción' de las cuantías previstas por esta ley.
'El problema lo tendríamos todos, no sólo el Ministerio de Justicia, porque el Estado se financia con nuestros impuestos', ha subrayado el decano del Colegio de Abogados de Valencia.
Según pronostica, si dentro de unos meses o de unos años el Tribunal declara la inconstitucionalidad de esta norma, existe la posibilidad de que el Estado se viera obligado a devolver las tasas 'indebidamente cobradas' durante su vigencia.
No obstante, según ha matizado la secretaria judicial de la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, esto dependería de la interpretación que hiciera el Constitucional en su sentencia.
De la Guardia no cree que se vaya a producir una 'nulidad absoluta' de la norma, y ve 'más probable' que el Tribunal, como 'suele pasar', se limite a moderar las cuantías de unas tasas que considera 'exageradas'.
En este mismo sentido, el presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha recordado que las leyes 'producen efectos' mientras no son declaradas inconstitucionales, si bien, atendiendo a la inminencia del recurso anunciado desde diferentes sectores, reconoce que podría existir 'un problema'.
Castellano ha aprovechado esta comparecencia para reivindicar la 'libertad de expresión' de los magistrados, cuya queja pública hacia la ley fue censurada ayer por el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, quien dijo que los jueces deberían limitarse a aplicarla, puesto que esa es su función.
'Efectivamente, nuestra obligación es cumplir la ley, pero no por ello podemos dejar de expresar nuestro rechazo ante la elevada suma de las cuantías, y más en estos tiempos de crisis económica', ha remarcado.
El 'verdadero problema', según el decano de los abogados valencianos, es que España es el país europeo que menos invierte en la Administración de Justicia, a la que únicamente destina un 0,80 % de los Presupuestos Generales.
'El problema lo tendríamos todos, no sólo el Ministerio de Justicia, porque el Estado se financia con nuestros impuestos', ha subrayado el decano del Colegio de Abogados de Valencia.
Según pronostica, si dentro de unos meses o de unos años el Tribunal declara la inconstitucionalidad de esta norma, existe la posibilidad de que el Estado se viera obligado a devolver las tasas 'indebidamente cobradas' durante su vigencia.
No obstante, según ha matizado la secretaria judicial de la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, esto dependería de la interpretación que hiciera el Constitucional en su sentencia.
De la Guardia no cree que se vaya a producir una 'nulidad absoluta' de la norma, y ve 'más probable' que el Tribunal, como 'suele pasar', se limite a moderar las cuantías de unas tasas que considera 'exageradas'.
En este mismo sentido, el presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha recordado que las leyes 'producen efectos' mientras no son declaradas inconstitucionales, si bien, atendiendo a la inminencia del recurso anunciado desde diferentes sectores, reconoce que podría existir 'un problema'.
Castellano ha aprovechado esta comparecencia para reivindicar la 'libertad de expresión' de los magistrados, cuya queja pública hacia la ley fue censurada ayer por el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, quien dijo que los jueces deberían limitarse a aplicarla, puesto que esa es su función.
'Efectivamente, nuestra obligación es cumplir la ley, pero no por ello podemos dejar de expresar nuestro rechazo ante la elevada suma de las cuantías, y más en estos tiempos de crisis económica', ha remarcado.
El 'verdadero problema', según el decano de los abogados valencianos, es que España es el país europeo que menos invierte en la Administración de Justicia, a la que únicamente destina un 0,80 % de los Presupuestos Generales.
