La juez que investiga los ERE fraudulentos abrió una línea para determinar el presunto 'enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos' de los despachos de abogados Garrigues y Villasís, mediadores en las ayudas concedidas. La juez Mercedes Alaya, en un auto destaca, entre otros hechos 'llamativos', la discordancia que existe entre los 724.388 euros que la Junta declaró, a efectos de IVA, haber recibido en servicios de Garrigues en el año 2003 y los solo 49.160 euros que este despacho manifestó haberle facturado.
Se trata de una 'discordancia' de 675.228 euros que la juez considera 'significativa' y por ello acuerda requerir a la sede central de Garrigues en Madrid para que informe sobre el 'organigrama detallado, por departamentos', de su oficina en Sevilla, con especificación de las funciones de cada uno desde 1999 hasta la actualidad.
Entre el medio centenar de personas imputadas hasta ahora, entre 'intrusos' de los ERE y cargos de la Junta, se encuentran los letrados José Miguel C.R. y Juan Antonio L.C., del bufete Garrigues, y Carlos L.B. y Daniel G.M., de Estudio Jurídico Villasís.
En uno de los autos notificados el pasado viernes a las partes personadas, la juez precisó que el objeto de la 'nueva línea de investigación' abierta por ella misma y por la Guardia Civil son estos dos bufetes y su presunto 'enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos con motivo de las subvenciones'. Por ello, pide a la Junta y a la oficina central de Garrigues para que aporten, en un plazo de veinte días, todas sus cartas de encargo, pliego de condiciones para la adjudicación de contratos, facturas emitidas, expedientes de gasto, medios de pago e informes derivados de dicha prestación.
Entre el medio centenar de personas imputadas hasta ahora, entre 'intrusos' de los ERE y cargos de la Junta, se encuentran los letrados José Miguel C.R. y Juan Antonio L.C., del bufete Garrigues, y Carlos L.B. y Daniel G.M., de Estudio Jurídico Villasís.
En uno de los autos notificados el pasado viernes a las partes personadas, la juez precisó que el objeto de la 'nueva línea de investigación' abierta por ella misma y por la Guardia Civil son estos dos bufetes y su presunto 'enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos con motivo de las subvenciones'. Por ello, pide a la Junta y a la oficina central de Garrigues para que aporten, en un plazo de veinte días, todas sus cartas de encargo, pliego de condiciones para la adjudicación de contratos, facturas emitidas, expedientes de gasto, medios de pago e informes derivados de dicha prestación.
