Una juez paralizó el desalojo de una mujer y sus tres hijos de su casa, de la que es propietaria la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, que promovió el desahucio por impago, hasta que los menores terminen el año escolar y la Comunidad de Madrid les garantice una vivienda digna. 'El lanzamiento no podrá en ningún caso llevarse a cabo antes de que los menores hayan finalizado el presente curso escolar', decide en su auto la juez de Madrid Lourdes Menéndez González-Palenzuela, la misma que en sentencia acordó el desahucio. Es decir, la jueza sentenció a favor del desahucio porque a ello la obliga la ley, pero lo para
'El lanzamiento no podrá en ningún caso llevarse a cabo antes de que los menores hayan finalizado el presente curso escolar', decide en su auto la juez de Madrid Lourdes Menéndez González-Palenzuela, la misma que en sentencia acordó el desahucio. Es decir, la jueza sentenció a favor del desahucio porque a ello la obliga la ley, pero lo paraliza ante la existencia de un bien superior al interés económico de la EMV, que los menores tengan un techo.
En el mismo escrito la magistrada libra oficio a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y al Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid 'para que en plazo de treinta días informen al Juzgado sobre las medidas concretas que adoptarán' cuando se produzca el desahucio de la familia.
DERECHO DE LOS MENORES
La juez recuerda a la Consejería de Educación que, 'en caso de alzamiento de esta demandada y sus hijos de la vivienda propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A.', deberá 'garantizar el derecho de estos menores de edad a una vivienda digna y adecuada'.
Así, la juez decide acoger la demanda de la madre 'pidiendo la suspensión del lanzamiento previsto para el próximo día 11 de abril, al que acompaña documentos que prueban que tiene tres hijos menores de edad, de 12 años, 11 años y 11 meses; que tiene reconocida su situación de familia numerosa por la Comunidad de Madrid; y que sus ingresos en una empresa de limpiezas importan 403,76 euros netos al mes'.
En su auto la juez madrileña otorga 'particular relevancia' a que 'la parte actora sea precisamente la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo', la cual explica en su página web que 'es una sociedad anónima con capital 100 por 100 municipal que desarrolla la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid'.
Para poner por encima el derecho de los menores de la ejecución del desahucio que ella misma, en cumplimiento de la ley, acordó, la juez se remite a la Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a la Constitución Española.
En el mismo escrito la magistrada libra oficio a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y al Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid 'para que en plazo de treinta días informen al Juzgado sobre las medidas concretas que adoptarán' cuando se produzca el desahucio de la familia.
DERECHO DE LOS MENORES
La juez recuerda a la Consejería de Educación que, 'en caso de alzamiento de esta demandada y sus hijos de la vivienda propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A.', deberá 'garantizar el derecho de estos menores de edad a una vivienda digna y adecuada'.
Así, la juez decide acoger la demanda de la madre 'pidiendo la suspensión del lanzamiento previsto para el próximo día 11 de abril, al que acompaña documentos que prueban que tiene tres hijos menores de edad, de 12 años, 11 años y 11 meses; que tiene reconocida su situación de familia numerosa por la Comunidad de Madrid; y que sus ingresos en una empresa de limpiezas importan 403,76 euros netos al mes'.
En su auto la juez madrileña otorga 'particular relevancia' a que 'la parte actora sea precisamente la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo', la cual explica en su página web que 'es una sociedad anónima con capital 100 por 100 municipal que desarrolla la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid'.
Para poner por encima el derecho de los menores de la ejecución del desahucio que ella misma, en cumplimiento de la ley, acordó, la juez se remite a la Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a la Constitución Española.
