La juez que investiga los ERE falsos impuso ayer una fianza de responsabilidad civil de 46,6 millones de euros para Antonio Lozano, exdirector general de Presupuestos de la Junta, por su papel en las transferencias de financiación que se usaron para 'obviar el procedimiento legal'. La juez dice que Lozano reconoció que la partida de transferencias de financiación 'no podía utilizarse para conceder subvenciones' y que, al obviar el procedimiento legalmente previsto para gastos de esta naturaleza, se evitaba 'la fiscalización previa'.
La juez reconoce que esta medida puede entrar en contradicción con su decisión, también de ayer, de no imponer ninguna fianza al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, pero argumenta que este 'a través del informe adicional de 2005 y a través de informes posteriores, remitidos a los tres consejeros de las Consejerías implicadas, expuso explícitamente los hechos y sus consecuencias'.
