Lejos de concluir, el vía crucis judicial y mediático del matrimonio Urdangarin-Borbón que la Casa del Rey define como 'martirio' se ha reavivado hoy con la imputación de la infanta Cristina, un segundo intento de tomar declaración a la hija menor del Rey con el que el juez José Castro inaugura el nuevo año.
Desde Ginebra, donde trasladó su residencia a finales del verano para coordinar los programas de la Fundación 'la Caixa' con agencias de la ONU, doña Cristina ha comprobado cómo Castro sigue decidido a lograr su comparecencia judicial, esta vez con un auto de 227 páginas en el que la cita para el 8 de marzo por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
En espera de que se resuelva el anunciado recurso ante la Audiencia de Palma -que ya dejó sin efecto el 7 de mayo pasado la imputación decidida por el juez en su primer intento-, la Casa del Rey se ha limitado a expresar su 'respeto a las decisiones judiciales' y no está previsto que la resolución de Castro vaya a alterar la actividad de la institución ni el estatus de la infanta.
De hecho, el último acto público oficial en el que participaron doña Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, fue la celebración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre de 2011 y, dos meses después, la Casa del Rey apartó al duque de Palma de toda actividad institucional por su conducta 'no ejemplar'.
Desde entonces, hace ya más de dos años, la infanta no ha vuelto a representar a la Corona en ningún acto, dentro o fuera de la Zarzuela, y sus apariciones públicas en España se han reducido a actividades familiares, entre ellas las visitas a su padre, el Rey, en los hospitales donde se ha sometido a las últimas intervenciones quirúrgicas.
Tampoco se ha planteado hasta ahora renunciar al título de duquesa de Palma o a sus derechos en la línea de sucesión y, ante las especulaciones, la Zarzuela siempre ha insistido en dejar claro que ni la Casa del Rey ni don Juan Carlos u otros miembros de la Familia Real han intentado convencerla de que deje de ser infanta de España, de que renuncie al ducado de Palma o de que se divorcie.
Durante estos dos largos años, la hija menor de los Reyes ha recibido el apoyo sin fisuras de su padre, que se hizo especialmente visible tras el anterior intento de Castro para imputarla, en abril del año pasado, cuando reaccionó con 'sorpresa' por el 'cambio de posición' del juez y mostró su 'absoluta conformidad' con la decisión de la Fiscalía de recurrir la medida.
Distinta es la consideración que merece el comportamiento de Urdangarin, como quedó de relieve de forma especialmente gráfica hace un año, cuando la Casa del Rey suprimió su 'sección personal' en la web oficial para volver a 'marcar distancias' con el duque de Palma, citado entonces a comparecer por segunda vez ante el juez.
Ya en diciembre de 2011, pocos días antes de que Urdangarin fuera imputado, Zarzuela explicaba que el traslado del matrimonio, con sus cuatro hijos, de Barcelona a Washington en la primavera de 2009 no era ajeno a los consejos del asesor legal externo de la Casa del Rey para que el duque se desvinculara definitivamente de unas actividades no apropiadas para un miembro de la Familia Real.
En aquel momento, la infanta y Urdangarin eran percibidos por la mayoría de la sociedad española como la pareja perfecta, querida e incluso envidiada, que se había visto unida por el deporte en los Juegos Olímpicos de Atlanta, y, poco antes de contraer matrimonio, doña Cristina recibió el título de duquesa de Palma, así como la Medalla de Oro de la ciudad, a la que siguió la de Baleares.
No podía pensar entonces que aquella Comunidad iba a convertirse en el epicentro de unos crecientes problemas judiciales que, entre otras consecuencias, desembocarían en un continuo asedio informativo ante la vivienda conocida como 'palacete de Pedralbes' y en el embargo de la mitad de esta casa barcelonesa para cubrir la fianza impuesta por el juez.
Ahora se abre un compás de espera hasta que la Audiencia de Palma confirme la comparecencia de la infanta o bien anule su condición de imputada si ve convincentes los argumentos de su abogado, el padre de la Constitución Miquel Roca, quien, convencido del éxito de su defensa, ha reeditado hoy el lema que, en boca del Rey, obtuvo tanta repercusión en la Navidad de 2011: 'La justicia es igual para todos'.
