El Gobierno da por hecho que la Ley de Amnistía saldrá finalmente adelante y no contempla el escenario contrario, a pesar de que todavía no ha cerrado un acuerdo con Junts. Fuentes gubernamentales restan importancia a la iniciativa registrada en el Parlament de Cataluña para realizar una declaración unilateral de independencia, y señalan que en esta Cámara ya se han visto “posiciones maximalistas” que finalmente no llegan a nada.
En este sentido, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, afirmó que sería “deseable” que la Ley de Amnistía saliese adelante porque, a su juicio “nadie, especialmente en Cataluña, entendería que esa ley no se aprobase”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría valoró la ampliación del plazo hasta el 7 de marzo para que la Comisión de Justicia pueda emitir un nuevo dictamen. “Está dentro de la normalidad de los procedimientos parlamentarios”, dijo.
Presión
En la misma línea de presión a Junts, fuentes del Gobierno recuerdan que los socialistas no tienen a ninguna persona entre sus filas que se podría ver beneficiado por la amnistía, al contrario que ocurre con la formación independentista, que se juega la extinción de causas judiciales que afectan directamente a sus cargos.
Señalan además que haya ley o no van a seguir gobernando y de este modo tratan de pasar toda la presión a Junts, de cuyo voto depende que la ley tenga luz verde, toda vez que ERC y el resto de socios de investidura del Gobierno llevan tiempo situados en el “sí”.
Además, las mismas fuentes descartan más cambios en la ley respecto al delito de terrorismo, tal como reclaman los independentistas, que temen que con el actual redactado puede haber personas que se queden fuera del paraguas de la amnistía, debido a las actuaciones de los jueces que llevan las causas derivadas del procés, como Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre.
El Gobierno, por el contrario, sigue insistiendo en que la ley debe ser constitucional para poder superar los recursos que previsiblemente tendrá que afrontar en el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Moncloa reiteran por tanto que su posición es firme y descartan cambios en esta línea.
