El Pleno del Congreso aprobó ayer definitivamente la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, una norma cuya tramitación parlamentaria ha durado más de 14 meses y que, además, no entrará completamente en vigor hasta dentro de dos años, al filo de 2016.
Aunque en este último trámite no se sometía votación el conjunto de la norma sino únicamente las enmiendas aprobadas en el Senado, durante el debate los grupos parlamentarios han mantenido la misma posición que tenían cuando la ley salió del Congreso. Así, sólo el PP ha hecho una defensa cerrada de la nueva legislación, mientras que los nacionalistas de CiU y PNV le han dado un apoyo crítico y el PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y la mayoría del Grupo Mixto (Amaiur, ERC y Compromís-Equo, entre otros) han reiterado su rechazo a la misma por insuficiente. En su breve intervención, la vicepresidenta del Gobierno y principal impulsora del proyecto, Soraya Sáenz de Santamaría, agradecií sin embargo a todos los grupos su 'esfuerzo' y les ha llamado a trabajar 'juntos' por el 'derecho de los ciudadanos a tener una administración y otras instituciones transparentes'.
Una vez que el texto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la parte relativa al denominado 'buen gobierno' que obliga a los cargos públicos ya estará vigente, pero no ocurrirá lo mismo con los capítulos sobre transparencia y acceso a la información. Tanto la Administración General del Estado -Gobiernoe instituciones como Congreso, Senado, Banco de España y Casa del Rey- como las entidades privadas a las que afecta, contarán un periodo de 12 meses de carencia para aplicársela.
PORTAL Y CONSEJO
Esto implica que a más tardar en diciembre de 2014 deberá ponerse en marcha el denominado Portal de la Transparencia, para el que se han presupuestado 1,4 millones de euros, y constituirse el Consejo de la Transparencia que velará por su cumplimiento. Sin embargo, el PP introdujo en el Senado una enmienda que amplió a dos años la moratoria en el caso de las comunidades autónomas y ayuntamientos, con lo que estos no tendrán que cumplir esta parte de la norma hasta diciembre de 2015, cuando ya se habrán celebrado las elecciones locales y autonómicas previstas para la primavera de ese año. Con este año 'extra' se pretende dar margen a las comunidades que lo deseen para aprobar su propia legislación en esta materia.
La ley que sale del Congreso es muy distinta de la que entró en la Cámara en septiembre de 2012, porque se ha ampliado considerablemente su ámbito de aplicación incluyendo por ejemplo a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, la Casa del Rey, el Banco de España y la mutuas laborales. Además, tendrán que someterse a la transparencia las entidades privadas cuya financiación esté compuesta en un 40 por ciento por fondos públicos (siempre que reciban al menos 5.000 euros en subvenciones), así como todas aquellas que reciban más de 100.000 euros al año en ayudas.
Una vez que el texto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la parte relativa al denominado 'buen gobierno' que obliga a los cargos públicos ya estará vigente, pero no ocurrirá lo mismo con los capítulos sobre transparencia y acceso a la información. Tanto la Administración General del Estado -Gobiernoe instituciones como Congreso, Senado, Banco de España y Casa del Rey- como las entidades privadas a las que afecta, contarán un periodo de 12 meses de carencia para aplicársela.
PORTAL Y CONSEJO
Esto implica que a más tardar en diciembre de 2014 deberá ponerse en marcha el denominado Portal de la Transparencia, para el que se han presupuestado 1,4 millones de euros, y constituirse el Consejo de la Transparencia que velará por su cumplimiento. Sin embargo, el PP introdujo en el Senado una enmienda que amplió a dos años la moratoria en el caso de las comunidades autónomas y ayuntamientos, con lo que estos no tendrán que cumplir esta parte de la norma hasta diciembre de 2015, cuando ya se habrán celebrado las elecciones locales y autonómicas previstas para la primavera de ese año. Con este año 'extra' se pretende dar margen a las comunidades que lo deseen para aprobar su propia legislación en esta materia.
La ley que sale del Congreso es muy distinta de la que entró en la Cámara en septiembre de 2012, porque se ha ampliado considerablemente su ámbito de aplicación incluyendo por ejemplo a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, la Casa del Rey, el Banco de España y la mutuas laborales. Además, tendrán que someterse a la transparencia las entidades privadas cuya financiación esté compuesta en un 40 por ciento por fondos públicos (siempre que reciban al menos 5.000 euros en subvenciones), así como todas aquellas que reciban más de 100.000 euros al año en ayudas.
