El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informó ayer de que en enero del 2011 el Ejecutivo va a modificar algunos artículos del Código Civil para evitar que los condenados por delitos de violencia de género y doméstica mantengan la patria potestad y tutela de sus hijos. 'Se trata de evitar algunas situaciones que existen, en las cuales las personas condenadas mantienen la patria potestad, lo cual es ciertamente contradictorio', subrayó Rubalcaba.
La noticia no fue recibida por los jueces y asociaciones como Jueces para la Democracia (JpD). Su portavoz, José Luis Rodríguez, explicó que si bien esta iniciativa es jurídicamente viable, 'carece de sentido', ya que en la actualidad los jueces pueden inhabilitar a cualquier persona para el ejercicio de su patria potestad u ordenar que le sea retirada la custodia de los hijos en caso de considerarlo oportuno y no sólo en los delitos de violencia de género. Según explicó Rodríguez, la privación de la patria potestad es 'mucho más grave y puede ser irreversible' porque implicaría 'que no está sujeta a un determinado plazo'.
