El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, expuso ayer ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) las críticas de la institución fiscalizadora al Plan E que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 y 2010, lo que derivó en un agrio debate entre el PSOE y el PP a cuenta de aquel Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) creado con 8.000 millones para poner en marcha obra pública desde los ayuntamientos con idea de generar empleo en medio de la crisis.
De acuerdo con el informe realizado por el Tribunal, Álvarez de Miranda señaló que, en términos generales, los ayuntamientos utilizaron ese dinero para llevar a cabo proyectos que no habían podido ejecutar por falta de recursos, pero no hubo obra nueva. En casi la mitad de los contratos se incumplió el requisito de ejecución inmediata y en siete de cada diez proyectos el fin de las obras se retrasó más de los previsto. El periodo medio de puesta en funcionamiento fue de 134 días por encima de la fecha inicialmente fijada.
El presidente de la institución fiscalizadora señaló igualmente que tampoco se primó la creación de empleo a la hora de adjudicar contratos y que no se intentó lograr rebajas en los importes. De hecho, casi la mitad de los cuales se adjudicaron directamente sin publicidad.
El socialista Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial cuando se ejecutaba el plan, lo justificó como 'una decisión política en un paisaje de contexto social y económico dramático'. Desde el PP, su portavoz, Eloy Suárez, indicó que 'más que un plan, fue una ocurrencia de 8.000 millones que ha dejado muchas cargas'. 'Esta es parte de la herencia envenenada del PSOE', comentó el popular.
El presidente de la institución fiscalizadora señaló igualmente que tampoco se primó la creación de empleo a la hora de adjudicar contratos y que no se intentó lograr rebajas en los importes. De hecho, casi la mitad de los cuales se adjudicaron directamente sin publicidad.
El socialista Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial cuando se ejecutaba el plan, lo justificó como 'una decisión política en un paisaje de contexto social y económico dramático'. Desde el PP, su portavoz, Eloy Suárez, indicó que 'más que un plan, fue una ocurrencia de 8.000 millones que ha dejado muchas cargas'. 'Esta es parte de la herencia envenenada del PSOE', comentó el popular.
