El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, señaló que desconoce si el extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas se pudo acoger a la amnistía fiscal a través de alguna sociedad de su propiedad, tal y como aseguran sus abogados. Además, añadió que está fuera del partido desde el año 2009 y que 'por algo será'.
Durante su turno de réplica en la Comisión de Hacienda, Montoro aseguró que el nombre de Luis Bárcenas no figura en la lista de la amnistía fiscal como persona física, pero todavía no se conoce toda la información sobre las personas jurídicas, pues hay un plazo hasta el 31 de diciembre de este año para identificar a los titulares de esas sociedades que han regularizado fondos.
'No puedo traer información de la que carezco', dijo Montoro, quien rechazó las críticas de la oposición sobre la falta de información, y se limitó a recordar que acogerse a la amnistía a través de una sociedad no encubre el delito. '¿Qué sentido tiene que se haya acogido de una manera oculta dentro de una sociedad suponiendo que fuera así?', preguntó, tras asegurar que no tiene relevancia penal aclarar este punto porque el hecho no tendría consecuencias legales.
NO LIMPIA EL DELITO
De hecho, insistió una vez más en la necesidad de decir 'claramente' que la regularización tributaria no limpia el delito, aunque algunos medios no recojan este planteamiento porque no permiten que la realidad les oculte su 'excelente titular'.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas censuró también las 'graves' declaraciones de algunos políticos e hizo un llamamiento a la 'responsabilidad', ya que hoy en día se pueden decir las cosas sin que haya ningún tipo de consecuencia, aunque hagan 'mucho daño' al sistema y a la propia democracia.
Por otro lado, el ministro de Hacienda recordó que Luis Bárcenas está acogido al secreto tributario como todos los contribuyentes, excepto cuando él mismo o su representante renuncian a esa protección de datos. n este sentido, señaló que la intención del Gobierno es modificar el artículo 95 de la Ley General Tributaria y la Ley de Protección de Datos para poder hablar públicamente de los defraudadores porque la transparencia es 'absolutamente clave' y 'completa y refuerza' la eficacia del estado de derecho.
Además, el Gobierno también está trabajando en una ley de transparencia que le va a permitir contar con un 'armazón en términos legislativos' para luchar contra la corrupción en cualquier ámbito de la sociedad, no sólo en la clase política.
De hecho, también aprovechó para denunciar que los políticos estén siempre en las páginas web y vivan inmersos en 'campañas sucias de insidias e insinuaciones', cuando otros colectivos relevantes para la sociedad no sufren esta situación.
'No puedo traer información de la que carezco', dijo Montoro, quien rechazó las críticas de la oposición sobre la falta de información, y se limitó a recordar que acogerse a la amnistía a través de una sociedad no encubre el delito. '¿Qué sentido tiene que se haya acogido de una manera oculta dentro de una sociedad suponiendo que fuera así?', preguntó, tras asegurar que no tiene relevancia penal aclarar este punto porque el hecho no tendría consecuencias legales.
NO LIMPIA EL DELITO
De hecho, insistió una vez más en la necesidad de decir 'claramente' que la regularización tributaria no limpia el delito, aunque algunos medios no recojan este planteamiento porque no permiten que la realidad les oculte su 'excelente titular'.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas censuró también las 'graves' declaraciones de algunos políticos e hizo un llamamiento a la 'responsabilidad', ya que hoy en día se pueden decir las cosas sin que haya ningún tipo de consecuencia, aunque hagan 'mucho daño' al sistema y a la propia democracia.
Por otro lado, el ministro de Hacienda recordó que Luis Bárcenas está acogido al secreto tributario como todos los contribuyentes, excepto cuando él mismo o su representante renuncian a esa protección de datos. n este sentido, señaló que la intención del Gobierno es modificar el artículo 95 de la Ley General Tributaria y la Ley de Protección de Datos para poder hablar públicamente de los defraudadores porque la transparencia es 'absolutamente clave' y 'completa y refuerza' la eficacia del estado de derecho.
Además, el Gobierno también está trabajando en una ley de transparencia que le va a permitir contar con un 'armazón en términos legislativos' para luchar contra la corrupción en cualquier ámbito de la sociedad, no sólo en la clase política.
De hecho, también aprovechó para denunciar que los políticos estén siempre en las páginas web y vivan inmersos en 'campañas sucias de insidias e insinuaciones', cuando otros colectivos relevantes para la sociedad no sufren esta situación.
