La Policía Nacional registró ayer las sedes en Barcelona y Madrid de la agencia de detectives Método 3 y las viviendas de los cuatro detenidos en relación con la trama de supuesto espionaje en Cataluña, que están a la espera de pasar a disposición judicial.
Según fuentes policiales, los agentes iniciaron ayer por la tarde los registros, con la presencia de los detenidos, y en el caso de la sede de Método 3 en Barcelona con la participación de los fiscales anticorrupción que fueron designados para investigar el caso: Emilio Sánchez-Ulled y Fernando Bermejo.
La investigación la lleva a cabo la Policía Nacional a raíz de una denuncia presentada ante este cuerpo por el PP catalán, al considerar que la líder del partido, Alicia Sánchez-Camacho, fue víctima de espionaje durante una comida que mantuvo en el restaurante La Camarga de Barcelona con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola.
El conseller de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, consideró una clara 'deslealtad' y una 'invasión de competencias' el hecho de que se haya mantenido a los Mossos d'Esquadra al margen de las investigaciones, ya que considera que la policía catalana tiene plenas competencias para poder actuar. Por este motivo, Espadaler se dirigió al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, y al fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, para ofrecerles la posibilidad de que los Mossos d'Esquadra asuman como policía judicial la investigación sobre esta supuesta trama.
En consonancia con este ofrecimiento de Espadaler para que los Mossos asuman la investigación, la vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, tenían previsto denunciar ayer ante la policía catalana la trama de espionaje, ante la posibilidad de que sea una de sus víctimas, lo que abriría la puerta para que la policía catalana tomara cartas en el asunto.
En este contexto, el gobierno catalán acordó crear un grupo de trabajo en el que participarán las consellerias de Presidencia, Interior y Justicia para investigar y coordinar las medidas políticas y legales que sean necesarias ante los presuntos casos de espionaje político en Cataluña.
GRABACIONES ILEGALES
A la espera de que los detenidos pasen a disposición judicial, el abogado de uno de los arrestados, el exempleado de Método 3 Alex Borreguero, explicó que su cliente declaró ante la Policía que en todo momento actuó 'con el convencimiento de que quien pidió la grabación era Alicia Sánchez Camacho'.
Según el abogado, Rubén Romero, éste puso un micro en el restaurante creyendo que Sánchez Camacho había pedido que se grabara su conversación con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola. 'Otra cosa es que sea cierto o no, pero es lo que Borreguero creía', dijo.
En este sentido, la líder del PPC afirmó que es 'rotundamente falso' que conociera o colaborase en las escuchas de la agencia Método 3 y anunció querellas por injurias y calumnias contra quien lo afirme.
Paralelamente, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz, anunció su disposición a comparecer ante el Congreso, como le pidió CiU, para aportar datos y demostrar que no existió ni existe relación alguna entre el CNI y Método 3.
La investigación la lleva a cabo la Policía Nacional a raíz de una denuncia presentada ante este cuerpo por el PP catalán, al considerar que la líder del partido, Alicia Sánchez-Camacho, fue víctima de espionaje durante una comida que mantuvo en el restaurante La Camarga de Barcelona con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola.
El conseller de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, consideró una clara 'deslealtad' y una 'invasión de competencias' el hecho de que se haya mantenido a los Mossos d'Esquadra al margen de las investigaciones, ya que considera que la policía catalana tiene plenas competencias para poder actuar. Por este motivo, Espadaler se dirigió al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, y al fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, para ofrecerles la posibilidad de que los Mossos d'Esquadra asuman como policía judicial la investigación sobre esta supuesta trama.
En consonancia con este ofrecimiento de Espadaler para que los Mossos asuman la investigación, la vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, tenían previsto denunciar ayer ante la policía catalana la trama de espionaje, ante la posibilidad de que sea una de sus víctimas, lo que abriría la puerta para que la policía catalana tomara cartas en el asunto.
En este contexto, el gobierno catalán acordó crear un grupo de trabajo en el que participarán las consellerias de Presidencia, Interior y Justicia para investigar y coordinar las medidas políticas y legales que sean necesarias ante los presuntos casos de espionaje político en Cataluña.
GRABACIONES ILEGALES
A la espera de que los detenidos pasen a disposición judicial, el abogado de uno de los arrestados, el exempleado de Método 3 Alex Borreguero, explicó que su cliente declaró ante la Policía que en todo momento actuó 'con el convencimiento de que quien pidió la grabación era Alicia Sánchez Camacho'.
Según el abogado, Rubén Romero, éste puso un micro en el restaurante creyendo que Sánchez Camacho había pedido que se grabara su conversación con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola. 'Otra cosa es que sea cierto o no, pero es lo que Borreguero creía', dijo.
En este sentido, la líder del PPC afirmó que es 'rotundamente falso' que conociera o colaborase en las escuchas de la agencia Método 3 y anunció querellas por injurias y calumnias contra quien lo afirme.
Paralelamente, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz, anunció su disposición a comparecer ante el Congreso, como le pidió CiU, para aportar datos y demostrar que no existió ni existe relación alguna entre el CNI y Método 3.
