El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, anunció ayer el registro de un escrito al Tribunal de Cuentas para que la Fiscalía de este órgano analice las irregularidades que se han denunciado por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y que explique también 'si es correcto que se produzca un desfase presupuestario que pueda superar los 170 millones de euros'. En rueda de prensa en Huelva, Arenas tildó de 'escandaloso la inexistencia de control en la Junta de Andalucía', una administración que 'pasará a la historia por el gasto y el despilfarro'.
En esta línea ha mostrado su negativa a ofrecer ayudas a la formación, a los ERE, a las pymes y a los autónomos, 'sin publicidad, sin boletín oficial y sin procedimiento administrativo'Por otro lado, Arenas ha asegurado que el PSOE 'mantiene en sus filas a 106 cargos públicos imputados por diversas causas' por lo que se preguntó 'cómo prescindirá de estas personas si algunos son candidatos a alcaldías', después de que Griñán haya manifestado este martes que si un militante socialista imputado por el caso de irregularidades de los ERE, declara y después de ello se le sigue manteniendo la imputación tiene que ser 'suspendido de militancia'.
A juicio de Javier Arenas, 'es lo mismo' Griñán que el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves y el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero. 'Los tres tiene el mismo futuro, la imagen física de la descomposición y de fracaso', ha asegurado
DATOS DE LA JUNTA
Por su parte, según los datos que baraja el Gobierno andaluz, el dinero defraudado en los expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta supone una cantidad inferior a los 10 millones de euros, menos del 2% del fondo de 641 millones destinados a estas ayudas. El dato de este porcentaje lo barajó ayer el presidente de la Junta, José Antonio Griñán y fue confirmado en rueda de prensa por la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, quien anunció que esta semana se conocerán los datos definitivos de la investigación interna abierta por la Consejería de Empleo. Los últimos datos oficiales ofrecidos por el consejero de Empleo, Manuel Recio, en el Parlamento recogían 146 casos irregulares después de haber analizado los datos de 64 empresas.
Al ser preguntado sobre las acusaciones que el PP lanza contra él, el p residente de la Junta, José Antonio Griñán, indicó que si él hubiera conocido lo que estaba haciendo y no hubiera hecho nada, no sólo serían 'responsabilidades políticas'. 'Las responsabilidades políticas las asumo siempre', sentenció, para dejar claro que la Junta de Andalucía, desde el primer momento, denunció, investigó, remitió al juzgado todo lo que se encontró que era irregular, se personóen la causa y solicitó el reintegro de las cantidades que se pagaron indebidamente, mientras que si había algún militante socialista, el partido lo suspendió de funciones o de militancia.
A juicio de Javier Arenas, 'es lo mismo' Griñán que el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves y el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero. 'Los tres tiene el mismo futuro, la imagen física de la descomposición y de fracaso', ha asegurado
DATOS DE LA JUNTA
Por su parte, según los datos que baraja el Gobierno andaluz, el dinero defraudado en los expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta supone una cantidad inferior a los 10 millones de euros, menos del 2% del fondo de 641 millones destinados a estas ayudas. El dato de este porcentaje lo barajó ayer el presidente de la Junta, José Antonio Griñán y fue confirmado en rueda de prensa por la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, quien anunció que esta semana se conocerán los datos definitivos de la investigación interna abierta por la Consejería de Empleo. Los últimos datos oficiales ofrecidos por el consejero de Empleo, Manuel Recio, en el Parlamento recogían 146 casos irregulares después de haber analizado los datos de 64 empresas.
Al ser preguntado sobre las acusaciones que el PP lanza contra él, el p residente de la Junta, José Antonio Griñán, indicó que si él hubiera conocido lo que estaba haciendo y no hubiera hecho nada, no sólo serían 'responsabilidades políticas'. 'Las responsabilidades políticas las asumo siempre', sentenció, para dejar claro que la Junta de Andalucía, desde el primer momento, denunció, investigó, remitió al juzgado todo lo que se encontró que era irregular, se personóen la causa y solicitó el reintegro de las cantidades que se pagaron indebidamente, mientras que si había algún militante socialista, el partido lo suspendió de funciones o de militancia.
