El PP ha presentado una enmienda a la proposición de ley de amnistía del PSOE en la que propone la "pena de disolución" para las personas jurídicas que convoquen referendos ilegales y penas de entre 5 y 10 años de prisión y de 6 a 2 años de inhabilitación para los cargos o funcionarios públicos responsables de las consultas.
En concreto, la formación pretende reformar el Código Penal para incluir un nuevo capítulo, el VII, denominado "deslealtad constitucional", que consta de cuatro artículos: los que irían del 544 al 547. Ese texto alternativo, al que ha tenido acceso Europa Press, se debatirá en el Pleno del Congreso dentro de una semana.
El primero de los artículos fija penas de 5 a 10 años de prisión y de 6 a 12 años de inhabilitación absoluta para cualquier autoridad o funcionario público, diputado, senador o miembro de una asamblea autonómica que, "fuera de los cauces legales de reforma constitucional" -promoviendo la inobservancia de las leyes o con incumplimiento de resoluciones judiciales y en perjuicio de la unidad de España-, declare la independencia de una parte del territorio o su integración en otro Estado o realice actos dirigidos a que sea efectuada dicha declaración o que la propicien.
En el marco del 544, los `populares` plantean que "si los hechos fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán las penas de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial de 1 a 3 años".
Cabe recordar que el Código Penal en 2003 ya contemplaba penas de 3 a 5 años de prisión para las autoridades que convocasen referendos o consultas populares. La enmienda del PP eleva dichas penas a una horquilla de 5 a 10 años.
No aclara si buscan ilegalizar a las formaciones independentistas
En su iniciativa, el Partido Popular apuesta por tipificar como delito las "declaraciones de independencia" y "lo referido a la violencia" o las "consultas ilegales", según ha avanzado Tellado.
Miguel Tellado, no obstante, no ha aclarado si lo que se busca con la propuesta de promover "la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos" es ilegalizar a las formaciones independentistas, como sí defiende Vox.
El pasado mes de noviembre, el PP votó en contra en el Senado de una iniciativa de los de Santiago Abascal que pedía la ilegalización de partidos soberanistas.
