El anuncio de que este año no se convocarán elecciones a jueces y fiscales realizado por el Ministerio de Justicia causó 'sorpresa, malestar y preocupación' en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta el punto de originar una reunión informal entre varios vocales que tuvo como consecuencia la comparecencia pública de la portavoz, Gabriela Bravo, para hacer pública esta situación.
Según Bravo, la convocatoria de plazas es 'compartida' entre el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el propio CGPJ, que integran la Comisión Nacional de Selección, por lo que el gobierno de los jueces entiende que es a éste órgano a quien le compete una decisión de tal calibre.
Otro factor del malestar causado por el anuncio del Ministerio ante la prensa es que no existiera previamente una comunicación oficial al CGPJ, por lo que este órgano llevará el asunto al pleno que celebrará el próximo día 19. 'Será debatido el alcance de la medida, cuál va a ser la postura que debe adoptar al Consejo y las propuestas que van a trasladarse al Ministerio de Justicia en una materia tan fundamental como ésta', explicó Bravo. Según la portavoz, 'todos somos conscientes de la situación que está viviendo este país' y desde el CGPJ están abiertos a 'adoptar medidas de austeridad que nos permitan reducir gastos, pero en ningún momento dejar de atender servicios que consideramos básicos para la sociedad'.
Gabriela Bravo señaló que Justicia, donde el presupuesto se rebaja un 6,3 por ciento, es uno de los ministerios menos afectados por los recortes, pero no obstante cree que decisiones como la de no convocar plazas hasta 'hay que meditarlas', por o que el Consejo va a estudiar y debatir en el Pleno las propuestas con las que se dirigirá al Ministerio.
Finalmente, y preguntada por la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para que las competencias de Justicia sean devueltas al Estado, Bravo manifestó que es momento de que todas las Administraciones trabajen 'bajo el lema de la colaboración institucional' para afrontar las necesidades de la Justicia en el actual contexto de crisis económica.
'No se trata de cuestionar si las comunidades autónomas deben o no devolver las competencias -añadió Bravo-. Se trata de buscar la máxima cooperación entre todas las instituciones para poder afrontar la situación de crisis desde reformas procesales y desde una mejor organización y optimización de los recursos, para garantizar un servicio básico como es la Administración de la Justicia, dijo la portavoz del Consejo General del Poder Judicial.
Otro factor del malestar causado por el anuncio del Ministerio ante la prensa es que no existiera previamente una comunicación oficial al CGPJ, por lo que este órgano llevará el asunto al pleno que celebrará el próximo día 19. 'Será debatido el alcance de la medida, cuál va a ser la postura que debe adoptar al Consejo y las propuestas que van a trasladarse al Ministerio de Justicia en una materia tan fundamental como ésta', explicó Bravo. Según la portavoz, 'todos somos conscientes de la situación que está viviendo este país' y desde el CGPJ están abiertos a 'adoptar medidas de austeridad que nos permitan reducir gastos, pero en ningún momento dejar de atender servicios que consideramos básicos para la sociedad'.
Gabriela Bravo señaló que Justicia, donde el presupuesto se rebaja un 6,3 por ciento, es uno de los ministerios menos afectados por los recortes, pero no obstante cree que decisiones como la de no convocar plazas hasta 'hay que meditarlas', por o que el Consejo va a estudiar y debatir en el Pleno las propuestas con las que se dirigirá al Ministerio.
Finalmente, y preguntada por la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para que las competencias de Justicia sean devueltas al Estado, Bravo manifestó que es momento de que todas las Administraciones trabajen 'bajo el lema de la colaboración institucional' para afrontar las necesidades de la Justicia en el actual contexto de crisis económica.
'No se trata de cuestionar si las comunidades autónomas deben o no devolver las competencias -añadió Bravo-. Se trata de buscar la máxima cooperación entre todas las instituciones para poder afrontar la situación de crisis desde reformas procesales y desde una mejor organización y optimización de los recursos, para garantizar un servicio básico como es la Administración de la Justicia, dijo la portavoz del Consejo General del Poder Judicial.
