El juez Eloy Velasco dictó ayer el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para los ocho detenidos en la operación desarrollada el pasado miércoles contra el frente de 'makos' (cárceles) de la banda terrorista ETA. Los arrestados, que se negaron a declarar, fueron interrogados durante una hora y media por el magistrado.
Los dos abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, Aitziber Sagarminaga y Egoitz López y los expresos de la organización Miren Aitzane Orkoaga, José Miguel Almandoz, Asier Aranguren y José Luis Campo Barandiarán fueron trasladados ayer a la cárcel madrileña de Soto del Real.
El magistrado siguió el criterio planteado por la Fiscalía que considera que los arrestados deben ser enviados a prisión ante el patente riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas que quedó patente después de que los detenidos intentaran eliminar documentos y material informático el mismo día de los arrestos tras ser alertados por el comunicado y el mensaje de Twitter remitido por error por el Ministerio del Interior media hora antes del inicio de la operación.
A Zulueta y Enparantza se les imputa desde el año 2010 una delito de integración en organización terrorista. Ambos quedaron en libertad provisional en diciembre de ese año. La histórica abogada de la banda volvió a ser arrestada en julio de 2011 y abandonó la cárcel de nuevo en septiembre, tras abonar una fianza de 60.000 euros. Todos los arrestados eran miembros permanentes del Koordinadora Taldea formado por personas vinculadas al Colectivo de Presos de ETA. La operación guarda una gran similitud con la llevada a cabo contra los abogados de la banda en abril de 2010 y que desarticuló el colectivo H-Alboka. Como entonces, a los arrestados el pasado miércoles se les acusa de ejercer como la correa de transmisión entre ETA y sus cárceles.
Los detenidos guardaban relación con la organización y no sólo trasladaban sus mensajes sino que presionaban a los presos para que se mantuviesen fieles a ETA.
El magistrado siguió el criterio planteado por la Fiscalía que considera que los arrestados deben ser enviados a prisión ante el patente riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas que quedó patente después de que los detenidos intentaran eliminar documentos y material informático el mismo día de los arrestos tras ser alertados por el comunicado y el mensaje de Twitter remitido por error por el Ministerio del Interior media hora antes del inicio de la operación.
A Zulueta y Enparantza se les imputa desde el año 2010 una delito de integración en organización terrorista. Ambos quedaron en libertad provisional en diciembre de ese año. La histórica abogada de la banda volvió a ser arrestada en julio de 2011 y abandonó la cárcel de nuevo en septiembre, tras abonar una fianza de 60.000 euros. Todos los arrestados eran miembros permanentes del Koordinadora Taldea formado por personas vinculadas al Colectivo de Presos de ETA. La operación guarda una gran similitud con la llevada a cabo contra los abogados de la banda en abril de 2010 y que desarticuló el colectivo H-Alboka. Como entonces, a los arrestados el pasado miércoles se les acusa de ejercer como la correa de transmisión entre ETA y sus cárceles.
Los detenidos guardaban relación con la organización y no sólo trasladaban sus mensajes sino que presionaban a los presos para que se mantuviesen fieles a ETA.
