PSOE apuesta por controlar los embarazos no deseados y PP y CiU piden no mezclar el debate de prevención con el aborto

Los principales partidos políticos discrepan en los problemas que plantea la actual ley de aborto y en las medidas que deben llevarse a cabo en la futura normativa anunciada ayer por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído,y que entrará en vigor, previsiblemente, antes de finalizar 2009 o principios de 2010.
En declaraciones a TVE, la diputada y secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, afirmó que la ley 'tiene una serie de puntos vulnerables' como la 'falta de equidad territorial' y la 'inseguridad jurídica' tanto para los profesionales como para las mujeres, en función de cómo se 'protocolice' la interrupción.

'Queremos que esta ley tenga el máximo consenso posible para que no genere problemas y respete las creencias del mayor número posible de personas', afirmó, al tiempo que apuntó que sería conveniente 'desarrollar una estrategia de control del volumen de embarazos no deseados que se producen'.

Asimismo, Elena Valenciano matizó que, para que estas medidas se hagan efectivas, tienen que estár enmarcadas en un 'proyecto de salud sexual y efectiva' que permita que los jóvenes tengan una mayor información y precaución a la hora de mantener relaciones sexuales.

Por su parte, el eurodiputado del PP, Luis Herrero, puso en entredicho las medidas propuestas por Valenciano, y afirmó que es 'una tomadura de pelo esgrimir como motor para la reforma la falta de equidad territorial', puesto que 'se invoca ese principio cuando conviene abrir un debate que tiene aureola de derecho civil'.

En la misma línea, denunció que el PSOE mezcle el 'debate de la prevención con el de la propia ley' ya que éste 'es para atajar un problema que ya se ha desembocado'. 'Si hay prevención no hay embarazo, y si no hay embarazo no hay aborto posible', remarcó.

En este sentido, el eurodiputado del CiU, Ignasi Guardans, apoyó lo denunciado por Herrero y aseguró no tener claro si el problema de la ley radica en la propia normativa o 'en el régimen de la objeción de conciencia'.

'No pasa nada porque se revise la ley, después de los años que lleva en vigor, si alguno de los supuestos se tiene que modificar en su aplicación, pero no creo que haya que hacer una ley de plazos pura tal cual dicen que se va a plantear sin que se haya abierto el debate', indicó.

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