El Consejo General baraja un plan B para hacer nombramientos por el “serio problema” del Supremo
Con el curso político a punto de arrancar, se abre la enésima posibilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y acabar así con la anomalía de tener un órgano en funciones desde hace mil días, que baraja un plan B para hacer nombramientos ante el “serio problema” que late en el Supremo. Gobierno y PP se acusan mutuamente de ser el causante que bloquea la renovación del Consejo, un problema que corre el riesgo de perder peso en la agenda política, habida cuenta de todos los intentos fallidos por alcanzar un acuerdo y de que no se atisban en el horizonte señales entre ambas partes para desbloquear la situación.
Fuentes jurídicas señalan que la clave estuvo -y está- en los nombramientos. Desde el Consejo esperan que “haya habido movimientos en verano” y la intención de los vocales pasa por “facilitar la renovación y evitar vías de hecho para que se vean obligados a renovar”. “El clima es de colaboración, no al contrario”, dicen.
Este récord de mil días en funciones se alcanza a una semana del acto de apertura del Año Judicial, en el que una vez más -y ya van ocho- Carlos Lesmes pronunciará su discurso como presidente del Poder Judicial, que probablemente volverá a arremeter contra la clase política por bloquear la renovación del CGPJ.
“Sabotaje istitucional”
El PSOE acusó ayer al PP de realizar un “sabotaje institucional” al CGPJ con “mil días bloqueados” y subraya que la solución está en la “voluntad de diálogo y acuerdo” del líder de los populares, Pablo Casado: “No hay que buscar otros caminos”.
La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, lanzó la campaña #1000DíasSecuestroConstitución, en la que advierte de que la renovación de los órganos constitucionales (el CGPJ, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el Tribunal constitucional) “no tiene nada que ver con la oposición al Gobierno, es una obligación constitucional”. Sobre si la dimisión del actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, podría encauzar la negociación, Granados insiste en que la solución pasa por la voluntad de diálogo del PP. Asimismo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, apeló al “sentido de Estado” del PP para que cese su “bloqueo” .
Desde el PP, su secretario general Teodoro García Egea instó al Gobierno de Pedro Sánchez a “sustanciar” una propuesta que refleje la exigencia de los “populares” de que una parte de los vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces en vez de por los políticos, y le advierte de que no bastará con hacer “brindis al sol”. Insistió en tener en cuenta la petición de la CE y el Consejo de Europa de “avanzar hacia la elección directa por jueces” de 12 de los 20 miembros.
“Pedimos al Gobierno que no se eche en manos de aquellos que quieren controlar la Justicia y que deje avanzar hacia una Justicia realmente independiente”; porque si no se dan pasos hacia esa “despolitización”, entonces será difícil la renovación, dijo.
El Constitucional tiene cuatro de sus doce miembros en funciones
Asociaciones, magistrados y juristas coinciden en el diagnóstico y en “la falta de voluntad” de PSOE y PP por dejar de lado sus diferencias para alcanzar un acuerdo y renovar el órgano tal y como establece la Constitución, de la misma forma que se ha hecho tantas veces en el pasado. Menos aun en Europa. La Comisión Europea destacó en repetidas ocasiones la urgencia de renovar el Consejo para evitar que pueda ser percibido como vulnerable a la politización, tal y como consta en el Informe de Estado de Derecho de 2021. Los calificativos se agotan: “Es una barbaridad, un sinsentido, una vergüenza, un desprestigio, un descrédito”.
El bloqueo no sólo afecta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya que el Tribunal Constitucional (TC) también afronta un nuevo Año Judicial pendiente de la renovación de cuatro de sus doce miembros. Son los que corresponde elegir al Congreso de los Diputados y su mandato de nueve años expiró en noviembre de 2019. Así, esos cuatro miembros continúan desde hace un año y nueve meses con su labor pero en funciones. El presidente del TC, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento.
La Constitución establece que de los doce miembros que integran el Alto Tribunal, cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, por el Gobierno; y otros dos por el CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años.
