El PSOE rechaza, al contrario de otras formaciones, que legalmente se pueda impedir que un imputado por un delito forme parte de una lista electoral al considerarlo una medida demagógica y que permitiría apartar 'ilegítimamente' de la política a cualquier ciudadano por una denuncia 'espuria' de un rival.
Se trata de una de las ideas que los socialistas reflejaron en el documento 'Mejorar la calidad de la democracia en Europa', que desde esta semana sirve de base para el 'diálogo en red' abierto por el PSOE para preparar el encuentro 'Ganarse el futuro', que tendrá lugar el 18 de mayo en Oviedo y que será el cuarto de los seis previos a la conferencia política de otoño.
Centrado en propuestas para fortalecer la participación ciudadana, ganar en transparencia y combatir la corrupción, el nuevo documento pretende dar solución a un momento en el que la política 'más institucionalizada' -señala el texto- ha perdido prestigio y credibilidad, y ha permitido que los poderes 'no democráticos' en la economía controlen la propia política.
Plantea en el ámbito de la corrupción, por ejemplo, que del indulto no se beneficien los funcionarios ni las autoridades que cometieran un delito en el desempeño de sus funciones. Otra propuesta es la reforma de la Ley de Financiación de Partidos para prohibir las donaciones de empresas y particulares vinculados a compañías que mantengan contratos con la administración, limitar las donaciones e impedir el anonimato.
Centrado en propuestas para fortalecer la participación ciudadana, ganar en transparencia y combatir la corrupción, el nuevo documento pretende dar solución a un momento en el que la política 'más institucionalizada' -señala el texto- ha perdido prestigio y credibilidad, y ha permitido que los poderes 'no democráticos' en la economía controlen la propia política.
Plantea en el ámbito de la corrupción, por ejemplo, que del indulto no se beneficien los funcionarios ni las autoridades que cometieran un delito en el desempeño de sus funciones. Otra propuesta es la reforma de la Ley de Financiación de Partidos para prohibir las donaciones de empresas y particulares vinculados a compañías que mantengan contratos con la administración, limitar las donaciones e impedir el anonimato.
