Los socialistas renuncian a reformar 'de tapadillo' la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda pendiente para otra legislatura
El Grupo Parlamentario Socialista se ha opuesto a modificar 'de tapadillo' y 'por detrás' la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ha confirmado que, debido a la 'confrontación institucional' abierta entre la Fiscalía y el CGPJ, retira las enmiendas que presentó al proyecto de ley de agilización procesal dirigidas a ampliar el secreto de las actuaciones judiciales y a fijar un límite de tiempo del secreto de sumario.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha celebrado este miércoles a puerta cerrada la primera reunión de trabajo sobre este proyecto de ley encaminado a agilizar los trámites procesales, especialmente, en los órdenes civil y contencioso-administrativo.
Al término de la ponencia, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Julio Villarubia, ha motivado la retirada de las propuestas que modifican la LECrim en que no se ha alcanzado un 'amplísimo consenso' entre todas las partes implicadas. 'No vamos a parchear sin consenso y con una confrontación institucional, que no es deseable y que hay que intentar desinflar y que acabe cuanto antes', ha añadido.
De esta forma, los socialistas sólo mantendrán las iniciativas relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas después de que el nuevo Código Penal entrara en vigor el pasado diciembre. Según ha explicado Villarubia, su grupo presentó el resto de enmiendas a la LECrim en el proyecto de agilización procesal a raíz de 'una serie de peticiones que tienen su origen en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o en al menos una parte de él'.
'La posición inicial del PSOE es que la LECrim no era objeto de tratamiento de este proyecto de ley, pero que si podíamos resolver algún aspecto de manera prácticamente unánime o muy consensuada, estaríamos dispuesto a entrar en ello', ha argumentado, para emplazar a 'resolver problemas y no a crearlos' en un tema 'tan sensible'.
Además, ha adelantado que el Grupo Socialista 'probablemente' no defienda la limitación de los medios de comunicación a la instrucción judicial ni que la información quede 'unilateralmente' en manos de un juez instructor con 'discrecionalidad absoluta', en el texto sobre la LECrim que está 'a las puertas' de entrar en la Cámara Baja.
Según ha anunciado, el Grupo Socialista y el Gobierno iniciarán desde este momento una serie de reuniones bilaterales con todos las formaciones tendentes a sacar adelante este proyecto de agilización procesal, cuya última ponencia se realizará en torno al 23 de junio y que planea ser aprobado en la Comisión de Justicia el próximo 27 de junio. 'Con respeto a todos los grupos no se va a enmendar, guste o no, porque no hay consenso', ha remachado.
EL RESTO DE GRUPOS DEFIENDEN LA SOBERANÍA DE LAS CORTES
Por su parte, el Partido Popular inicialmente mantendrá estas enmiendas relacionadas con la LECrim con el ánimo de poder dialogar sobre ellas con el resto de grupos parlamentarios, según ha manifestado en la segunda ponencia celebrada en la Cámara Baja sobre este proyecto de ley que pretende modernizar la Administración de Justicia.
Desde CiU, el diputado Jordi Jané ha expuesto que de momento mantienen estas iniciativas. A su juicio, esta norma debería ser aprobada 'desde el consenso' y con esta voluntad acudirá a las dos ponencia pendientes de celebrar el Congreso.
'No es ni la primera, ni la segunda ni la tercera vez en que vía enmiendas se introducen enmiendas aspectos que no están en un proyecto de ley inicial y que después no han tenido esos dictámenes previos' elaborados por el Consejo de Estado, el CGPJ o el Consejo Fiscal. 'Una vez presentados por el Gobierno, la Cámara es soberana', ha añadido Jané.
Con todo, CiU ha expresado su deseo de alcanzar un 'amplio consenso', y a poder ser 'sin ningún tipo de fricción institucional' entre el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, el Gobierno y las Cortes. En relación con el secreto de sumario, ha criticado las 'constantes filtraciones' que se producen y ha apostado por abrir una reflexión 'serena, constructiva y a favor de la presunción de inocencia'.
Por otro lado, el PNV ha manifestado su intención de mantener estas iniciativas relativas a la LECR al entender que una retirada no sería la forma de 'resolver los conflictos' y que 'instituciones ajenas a las Cortes Generales, que es donde reside la soberanía, no deberían provocar abdicaciones'.
El diputado del PNV Emilio Olabarría ha subrayado que este conflicto tiene un componente 'más artificial que de fondo'. Como no es previsible que la LECrim pueda ser aprobada a lo largo de esta legislatura, ha considerado 'muy adecuado' incluir estas enmiendas para subsanar las deficiencias sobre la instrucción sumarial.
Así se han pronunciado los diputados censuraran este martes el 'oscurantismo' con el que los grupos parlamentarios han incluido medidas que afectan a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el proyecto de Ley de agilización procesal. Ha reclamado que se garantice el secreto de sumario y ha negado que ello suponga 'matar al consejero'.
Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este martes por unanimidad rechazar por infundadas las acusaciones que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, vertió contra el órgano de gobierno de los jueces, al que acusó de querer 'convertirse en legislador'. Para el CGPJ, constituyen una 'gravísima descalificación' a un órgano constitucional del Estado.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha celebrado este miércoles a puerta cerrada la primera reunión de trabajo sobre este proyecto de ley encaminado a agilizar los trámites procesales, especialmente, en los órdenes civil y contencioso-administrativo.
Al término de la ponencia, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Julio Villarubia, ha motivado la retirada de las propuestas que modifican la LECrim en que no se ha alcanzado un 'amplísimo consenso' entre todas las partes implicadas. 'No vamos a parchear sin consenso y con una confrontación institucional, que no es deseable y que hay que intentar desinflar y que acabe cuanto antes', ha añadido.
De esta forma, los socialistas sólo mantendrán las iniciativas relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas después de que el nuevo Código Penal entrara en vigor el pasado diciembre. Según ha explicado Villarubia, su grupo presentó el resto de enmiendas a la LECrim en el proyecto de agilización procesal a raíz de 'una serie de peticiones que tienen su origen en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o en al menos una parte de él'.
'La posición inicial del PSOE es que la LECrim no era objeto de tratamiento de este proyecto de ley, pero que si podíamos resolver algún aspecto de manera prácticamente unánime o muy consensuada, estaríamos dispuesto a entrar en ello', ha argumentado, para emplazar a 'resolver problemas y no a crearlos' en un tema 'tan sensible'.
Además, ha adelantado que el Grupo Socialista 'probablemente' no defienda la limitación de los medios de comunicación a la instrucción judicial ni que la información quede 'unilateralmente' en manos de un juez instructor con 'discrecionalidad absoluta', en el texto sobre la LECrim que está 'a las puertas' de entrar en la Cámara Baja.
Según ha anunciado, el Grupo Socialista y el Gobierno iniciarán desde este momento una serie de reuniones bilaterales con todos las formaciones tendentes a sacar adelante este proyecto de agilización procesal, cuya última ponencia se realizará en torno al 23 de junio y que planea ser aprobado en la Comisión de Justicia el próximo 27 de junio. 'Con respeto a todos los grupos no se va a enmendar, guste o no, porque no hay consenso', ha remachado.
EL RESTO DE GRUPOS DEFIENDEN LA SOBERANÍA DE LAS CORTES
Por su parte, el Partido Popular inicialmente mantendrá estas enmiendas relacionadas con la LECrim con el ánimo de poder dialogar sobre ellas con el resto de grupos parlamentarios, según ha manifestado en la segunda ponencia celebrada en la Cámara Baja sobre este proyecto de ley que pretende modernizar la Administración de Justicia.
Desde CiU, el diputado Jordi Jané ha expuesto que de momento mantienen estas iniciativas. A su juicio, esta norma debería ser aprobada 'desde el consenso' y con esta voluntad acudirá a las dos ponencia pendientes de celebrar el Congreso.
'No es ni la primera, ni la segunda ni la tercera vez en que vía enmiendas se introducen enmiendas aspectos que no están en un proyecto de ley inicial y que después no han tenido esos dictámenes previos' elaborados por el Consejo de Estado, el CGPJ o el Consejo Fiscal. 'Una vez presentados por el Gobierno, la Cámara es soberana', ha añadido Jané.
Con todo, CiU ha expresado su deseo de alcanzar un 'amplio consenso', y a poder ser 'sin ningún tipo de fricción institucional' entre el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, el Gobierno y las Cortes. En relación con el secreto de sumario, ha criticado las 'constantes filtraciones' que se producen y ha apostado por abrir una reflexión 'serena, constructiva y a favor de la presunción de inocencia'.
Por otro lado, el PNV ha manifestado su intención de mantener estas iniciativas relativas a la LECR al entender que una retirada no sería la forma de 'resolver los conflictos' y que 'instituciones ajenas a las Cortes Generales, que es donde reside la soberanía, no deberían provocar abdicaciones'.
El diputado del PNV Emilio Olabarría ha subrayado que este conflicto tiene un componente 'más artificial que de fondo'. Como no es previsible que la LECrim pueda ser aprobada a lo largo de esta legislatura, ha considerado 'muy adecuado' incluir estas enmiendas para subsanar las deficiencias sobre la instrucción sumarial.
Así se han pronunciado los diputados censuraran este martes el 'oscurantismo' con el que los grupos parlamentarios han incluido medidas que afectan a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el proyecto de Ley de agilización procesal. Ha reclamado que se garantice el secreto de sumario y ha negado que ello suponga 'matar al consejero'.
Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este martes por unanimidad rechazar por infundadas las acusaciones que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, vertió contra el órgano de gobierno de los jueces, al que acusó de querer 'convertirse en legislador'. Para el CGPJ, constituyen una 'gravísima descalificación' a un órgano constitucional del Estado.
