El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de investigar a “Tsunami Democrátic”, pidió el informe de los fiscales del Tribunal Supremo que se mostraron a favor de investigar al expresidente catalán y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, por terrorismo, y en el que le señalan como el líder “absoluto” de “Tsunami Democrátic” por su “patrocinio intelectual y ético”.
El informe recoge el sentir de los fiscales de la sección primera de lo penal del Supremo que el pasado 6 de febrero votaron a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo en la causa que hasta ahora instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. En aquella junta de fiscales, 15 de sus miembros apreciaron, por 11 votos frente a 4, que había indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y contra el diputado del Parlament por ERC Ruben Wagensberg -ambos aforados- y, por 12 a 3, que puede haber delitos de terrorismo.
De esta forma, tumbaron el informe redactado por el fiscal del TS Álvaro Redondo, que por contra entendió que no hay indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont y Wagensberg, y tampoco apreció delitos de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves, falsedad documental, coacciones y daños.
Sin embargo, los dos presidentes de la sección primera, Fidel Cadena -uno de los cuatro fiscales del juicio del “procés”- y Joaquín Sánchez-Covisa, mostraron posturas enfrentadas. El primero en contra del informe de Redondo y el segundo a favor, lo que propició que sea su superior jerárquica, la teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez-Conde, quien deba resolver el conflicto unificando el criterio de la Fiscalía en este asunto.
Liderazgo de Puigdemont
Fidel Cadena, que redactó el texto a petición de María Ángeles Sánchez-Conde, defiende que la mayoría de la junta de fiscales ve una “pluralidad de indicios” que acreditan el “liderazgo absoluto” y la “autoría intelectual” de Puigdemont. El fiscal sostiene, además, que la mayoría de la junta aprecia, “delitos graves de detención ilegal terrorista”, falsificaciones masivas y continuadas, uso público de especial gravedad y con utilización de sustancias pirotécnicas inflamables”.
En este sentido, insisten en que “desde el principio Puigdemont estuvo informado de la constitución del grupo organizado animado por fines de subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones”.
Asimismo, apuntan que la finalidad de dichas actuaciones “no era otra que desestabilizar gravemente las estructuras políticas y económicas de España, alterando gravemente la paz pública al impedir a los poderes públicos y en concreto al Tribunal Supremo el cumplimiento y ejecución de sus sentencias firmes”. A su juicio, las conductas descritas y atribuidas a Puigdemont pueden considerarse, “al menos en este momento procesal”, como “ilícito penal y concretamente como delitos de terrorismo”. Entienden que el Tribunal Supremo es el que debería asumir la investigación.
