El letrado del expresidente ha hecho hincapié en que "el objetivo no es meter a los periodistas en la cárcel", sino "subrayar la importancia de la vida privada"
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín han presentado una querella contra Ana Rosa Quintana y los dos cámaras de Telecinco que captaron los mensajes que se intercambiaron a finales de enero en un acto en Lovaina organizado por el partido nacionalista flamenco N-VA en los que Puigdemont le aseguraba que estaba "sacrificado", "esto se ha terminado", que "el plan Moncloa triunfa" y que vivían "los últimos días de la Cataluña republicana".
"Es un delito según el Derecho belga de atentado de la vida privada, castigado con penas de prisión de entre seis meses a un máximo de tres años"
"Se filmaron durante 50 minutos mensajes privados que el presidente ha intercambiado con Toni Comín", ha denunciado el abogado Christophe Marchand, que forma parte del equipo jurídico que representa al expresidente y exconsejeros catalanes en Bélgica. Ha recordado que captar y difundir "comunicaciones privadas" sin "autorización" de las partes constituye "un delito según el Derecho belga" de "atentado de la vida privada", castigado con "penas de prisión de entre seis meses a un máximo de tres años".
Marchand ha asegurado que "el objetivo no es meter a periodistas en la cárcel" sino "subrayar la importancia de la vida privada". "Los periodistas tienen derecho de informar cómo quieren, pero dentro de los límites marcados", ha explicado, y ha insistido en que "robar informaciones" constituye "una violación de la ley penal". "Se necesita un consentimiento libre, claro y evidente. No fue el caso aquí", ha recordado.
La supuesta baliza
Respecto a la presunta baliza que habría sido instalada en uno vehículo utilizado habitualmente por el expresidente Puigdemont en Bélgica para permitir su seguimiento, Marchand ha explicado que no han interpuesto una demanda ante la justicia belga por esta cuestión.
"La baliza no la han puesto ni la Policía belga ni los servicios de inteligencia belgas. Está prohibido, esto es un delito. Es un atentado contra la vida privada, podría conllevar una pena de cárcel", ha comentado.
A la espera de que la Fiscalía cite a los exconsellers
El letrado belga también ha explicado que siguen a la espera de que la Fiscalía de Bruselas cite a declarar a los exconsejeros de la Generalitat Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig que siguen en Bélgica tras la decisión del magistrado del Tribunal Supremo que investiga los hechos relacionados con el "procés", Pablo Llarena, de reactivar las órdenes de detención contra los políticos catalanes huidos.
Marchand ha confiado en que el juez de instrucción designado del caso les deje en libertad a la espera de resolver el fondo del asunto, como ocurrió la última vez, cuando un juez de instrucción dejó en libertad a Puigdemont y los exconsellers con medidas cautelares, es decir, les prohibió salir del territorio belga sin consentimiento de un juez, les exigió una residencia fija y personarse ante la Justicia y Policía cuando se les pidiera.
