El Gobierno ya ha dicho por activa y por pasiva que el referéndum independentista no se celebrará en Cataluña, pero Artur Mas y los partidos independentistas están decididos a forzar esa votación en el Congreso, pese a que tiene nulas posibilidades de salir adelante. El pasado 13 de diciembre, CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP registraron en el Parlamento de Cataluña una proposición de ley por la que solicitan al Gobierno central que delegue en la Generalitat la competencia para autorizar, convocar y organizar referendos, en virtud del artículo 150.2 de la Constitución.
La iniciativa se aprobará en principio en el Parlamento catalán a mediados de enero, después de las fiestas navideñas, y será entonces cuando los partidos nacionalistas que apoyan esta consulta decidan cómo y cuándo la presentan después en la Cámara Baja. Y es que dependiendo de la fórmula legislativa que escojan, la propuesta podría votarse en la Cámara Baja esta misma primavera o quedar pendiente hasta después incluso del verano de 2014.
La opción más rápida sería que los partidos catalanes con representación en el Congreso -CiU, ERC e ICV- presentaran ellos mismos una proposición de ley con el mismo contenido de la propuesta aprobada en el Parlamento de Cataluña.
Aunque enero es inhábil a efectos parlamentarios y su tramitación oficial no comenzaría hasta febrero, la propuesta llegaría con relativa rapidez al pleno y podría debatirse a finales de marzo o principios de abril.
La segunda vía, mucho más lenta, sería una proposición de ley remitida directamente por el Parlamento de Cataluña, que, según los cálculos, llegaría al pleno justo antes del parón veraniego o, incluso, en el siguiente periodo de sesiones.
La opción más rápida sería que los partidos catalanes con representación en el Congreso -CiU, ERC e ICV- presentaran ellos mismos una proposición de ley con el mismo contenido de la propuesta aprobada en el Parlamento de Cataluña.
Aunque enero es inhábil a efectos parlamentarios y su tramitación oficial no comenzaría hasta febrero, la propuesta llegaría con relativa rapidez al pleno y podría debatirse a finales de marzo o principios de abril.
La segunda vía, mucho más lenta, sería una proposición de ley remitida directamente por el Parlamento de Cataluña, que, según los cálculos, llegaría al pleno justo antes del parón veraniego o, incluso, en el siguiente periodo de sesiones.
