ERC y Bildu rechazan conceder cheques en blanco al Gobierno en la negociación de las cuentas
Los socios del Gobierno en el Congreso avisaron ayer de que no darán un cheque en blanco a los Presupuestos Generales de 2022 y pusieron condiciones que van desde la regulación definitiva de los alquileres hasta modificaciones en la Ley de Memoria Democrática: “Se suda y se negocia”, zanjó ERC. Con este ambiente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, inició la ronda de contactos parlamentarios en el Congreso para buscar apoyos no solo a las cuentas públicas de 2022 sino también a las leyes que se debatirán próximamente, como la de Memoria Democrática, la nueva Ley Audiovisual o la del voto rogado.
Bolaños busca también respaldo al proceso de elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el Parlamento, y aunque no lo encontró en el PP sí lo apoyó ERC, pese a que los republicanos puntualizan que lo importante es cambiar el acceso a la carrera judicial para que puedan entrar los colectivos económicamente más desfavorecidos.
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El Ejecutivo confía en sacar adelante el proyecto de presupuestos, la ley más importante del año, pero el ministro de la Presidencia y el secretario de Estado de Relación con las Cortes, Rafael Simancas, tendrán que acercar más las posiciones con sus socios en otros asuntos. El primero, el de la vivienda, ya que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, dejó claro que el acuerdo sobre la nueva Ley de Vivienda tiene que “estar sustanciado antes de que pueda haber unos presupuestos”.
“La ciudadanía no entendería que un acuerdo público de hace un año no estuviera ya aprobado”, advirtió Echenique, mientras el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, resta importancia a las “tensiones” en la negociación. Los socialistas afirman que los presupuestos del 2022 son más necesarios que nunca para apuntalar la recuperación económica y reconocen que queda mucho trabajo por hacer y mucho que dialogar.
Y en torno a los presupuestos el Gobierno señala que Bolaños pidió diálogo y tendió la mano al PP y los populares aseguran que no les han dado ningún detalle sobre las cuentas y que su política fiscal es completamente opuesta: bajar impuestos. A esto se suma que lo largo del día los partidos que apoyaron la investidura lanzaron varias exigencias: ERC pide cambios en la Ley de Memoria Democrática: “Que nadie dé por seguro el voto de ERC a nada”, dijo su portavoz, Gabriel Rufián, que ve a un PSOE “demasiado tranquilo”.
También EH Bildu advirtió que -sin poner líneas rojas- el Ejecutivo debe cumplir con la derogación de la Ley Mordaza o de la reforma laboral del PP. “Queremos avanzar en derechos sociales y económicos y la Ley de Alquileres es un derecho que hay que preservar”, afirmó la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, que también señala que no hay “excusas” para no transferir el ingreso mínimo vital al País Vasco. Otros socios como Compromís o Más País también han mandado avisos al Gobierno para que “se lo tome en serio” y responda tanto a la infrafinanciación de la región valenciana.
El Ejecutivo y el PP constatan su lejanía sobre el Poder Judicial
El Gobierno y el PP constataron ayer su lejanía en asuntos como la renovación del poder judicial o los presupuestos, aunque la reunión entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y los populares sí arrojó un acuerdo para reactivar la subcomisión para modificar el voto rogado. El encuentro entre Bolaños y la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que abrió la ronda de contactos del ministro de la Presidencia con los grupos parlamentarios, se extendió durante alrededor de 45 minutos, según fuentes populares, con tres temas principales: renovación de los órganos constitucionales, presupuestos y reforma de la ley electoral.
Respecto al Consejo General del Poder Judicial, ambas partes se mantuvieron inmóviles en su posición. Fuentes del Ejecutivo señalaron que el PP “sigue enrocado en no cumplir la ley ni la Constitución” y acusaron al partido de Pablo Casado de incumplir el requerimiento de la Comisión Europea para renovar “con carácter urgente el CGPJ conforme a la ley vigente”.
Por contra, el PP acusan al Gobierno de “bloquear la renovación”, al no apoyar ayer la toma en consideración de la proposición de ley con la que el PP busca que la mayoría de los vocales del CGPJ sean elegidos por los propios magistrados.
La distancia es patente también en lo referente a los presupuestos. Mientras desde el Gobierno señalan que Bolaños ha pedido diálogo y ha tendido la mano al PP, los populares aseguran que no les han dado ningún detalle sobre las cuentas.
