El Tribunal Supremo (TS) confirmó ayer el archivo de una queja presentada por el presidente valenciano, Francisco Camps, contra el juez Baltasar Garzón, en relación con la intervención de las conversaciones entre varios imputados del 'caso Gürtel' en prisión y sus abogados, que éste ordenó. El Supremo desestimó la queja contra al considerar que se trató de una decisión jurisdiccional, lo que confirma ahora el alto tribunal.
El presidente valenciano pidió en octubre del 2009 al órgano de gobierno de los jueces y magistrados que se incoaran a Garzón actuaciones disciplinarias después de que éste, que inició la investigación del 'caso Gürtel' hubiera remitido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) las actuaciones relativas a Camps por su condición de aforado.
Concretamente, la queja se refería a que en la documentación enviada por Garzón al TSJV no figuraba la transcripción de una de las conversaciones intervenidas en las que había, según el presidente valenciano, 'párrafos claramente exculpatorios' de los que se desprendía 'su no participación en los hechos que se le atribuían'.
También criticaba la decisión de Garzón de abrir una pieza separada sobre las filtraciones que hubo del caso y que encargara de la investigación 'a pesar de ser uno de los sospechosos de la comisión del delito de revelación sumarial'.
El TS se refiere en la sentencia a la potestad jurisdiccional de los jueces y recuerda que están de las atribuciones del CGPJ 'aquellas situaciones en las que el juez debe efectuar una mínima operación valorativa fáctica o jurídica para la adopción de las decisiones que puedan resultar procedentes en el marco de una actuación procesal.
Concretamente, la queja se refería a que en la documentación enviada por Garzón al TSJV no figuraba la transcripción de una de las conversaciones intervenidas en las que había, según el presidente valenciano, 'párrafos claramente exculpatorios' de los que se desprendía 'su no participación en los hechos que se le atribuían'.
También criticaba la decisión de Garzón de abrir una pieza separada sobre las filtraciones que hubo del caso y que encargara de la investigación 'a pesar de ser uno de los sospechosos de la comisión del delito de revelación sumarial'.
El TS se refiere en la sentencia a la potestad jurisdiccional de los jueces y recuerda que están de las atribuciones del CGPJ 'aquellas situaciones en las que el juez debe efectuar una mínima operación valorativa fáctica o jurídica para la adopción de las decisiones que puedan resultar procedentes en el marco de una actuación procesal.
