Javier García Gaztelu, 'Txapote', ex jefe militar de ETA, se negó este viernes a declarar en el juicio por el asesinato de dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca) el 20 de agosto de 2000. Eso sí, entonó la expresión abertzale 'Jo ta ke Independentzia lortu arte', traducida como 'Dando duro hasta conseguir la independencia' y el juez tuvo que pedirle silencio en varias ocasiones a lo largo de la vista oral. El etarra incluso tuvo un enfrentamiento con los policías que le custodiaban en la sala, una escena que provocó la indignación de los familiares y las víctimas que se encontraban entre el público.
'Jo ta ke Independentzia lortu arte' y numerosas interrupciones a lo largo de la vista oral, pero nada de declarar. Txapote se negó a testificar en el juicio por el asesinato de dos guardias civiles en Sallent de Gállego el 20 de agosto de 2000. Ante la expresión abertzale, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal, le advirtió de que 'cualquier otra manifestación política' que no tuviese que ver con el juicio conllevaría la expulsión de la sala de la Audiencia Nacional. Ante las interrupciones, le mandó callar varias veces.
La escena provocó la indignación de los familiares de las víctimas que se encontraban entre el público. Calificaron al enjuiciado de 'asqueroso' y 'basura'.El fiscal pide 75 años de cárcel para los tres acusados, que eran miembros del comando 'Totto'. Se les imputan los delitos de asesinato terrorista (con penas de 30 años de prisión) y de estragos (por el que reclama otros 15 años). El Ministerio Público también solicita que indemnicen a cada una de las familias de las víctimas con 500.000 euros.
La escena provocó la indignación de los familiares de las víctimas que se encontraban entre el público. Calificaron al enjuiciado de 'asqueroso' y 'basura'.El fiscal pide 75 años de cárcel para los tres acusados, que eran miembros del comando 'Totto'. Se les imputan los delitos de asesinato terrorista (con penas de 30 años de prisión) y de estragos (por el que reclama otros 15 años). El Ministerio Público también solicita que indemnicen a cada una de las familias de las víctimas con 500.000 euros.
