El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, impuso una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, así como para su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, y las sociedades investigadaspor las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en su contra en la pieza que investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, según fuentes juridicas. El duque de Palma y su exsocio deberán abonar la cuantía de forma solidaria y en un plazo de cinco días desde la notificación para evitar el embargo de sus bienes.
La cifra se ajusta a los 8.189.448 euros que solicitaron la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias. Por su parte, la abogacía de la comunidad autónoma de Baleares solicitó que se fijara una caución de 3.498.014,81 euros. Para justificar la imposición de la fianza, el juez señala la existencia de 'más que suficientes indicios de criminalidad' en la actuación de Urdangarin y Torres al frente de Nóos, que 'podrían reputarse como autores' de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias.
VALENCIA PODRÍA PERSONARSE
Así, en el auto de más de 500 páginas, el juez solicita que Urdangarin y Torres indiquen si tienen antecedentes penales y, además, ofrece a la Comunidad valenciana la posibilidad de reclamar la reparación del daño presuntamente causado por los hechos investigados en la causa, entre ellos el pago de 1,044 millones de euros por parte del Ejecutivo valenciano al Instituto Nóos para la celebración de cada una de las tres ediciones del Valencia Summit.
En el escrito, el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, atribuyó al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio en el Instituto Nóos 'una actividad delictiva premeditada' dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007.
El juez señala que el Instituto Nóos 'dista abismalmente de poder ser considerada como una entidad carente de lucro', tal como declararon varios testigos, y sus responsables lo constituyeron como asociación porque, si se presentaban mediante una compañía mercantil privada, les estarían vedadas las opciones de acceder a financiación pública.
En este sentido, el letrado señala que los dos crearon un entramado de empresas y se pusieron de acuerdo 'al objeto de rentabilizar hasta donde les fuera posible ante las entidades privadas y las instituciones públicas' la influencia de Iñaki Urdangarin, 'real o de obligada imaginación', con la Casa Real en su 'desmedido ánimo de lucrarse'.
Castro alude a esta 'esfera de pretendido poder' que emplearon 'unas veces de manera implícita y en otras de manera franca', y añade que en algunos momentos lo hicieron mediante documentos 'con claras referencias a S.A.R. la infanta Cristina y a Carlos García Revenga, al que se le califica como asesor de la Casa Real'.
'Se les hacía ver a los potenciales clientes', recoge el auto del juez, que había 'innumerables ventajas de prestigio y económicas' en el hecho de 'contar con la colaboración de un miembro de la Casa Real y en algunos casos con el expreso añadido de la esposa de éste y del secretario de esta institución'.
Asimismo, el juez Castro suscribe que los contratos rubricados entre Nóos y las Comunidades balear y valenciana obedecían al mero interés de conceder al señor Urdangarin todo aquello que éste solicitaba, consecuencia de su influencia por pertenecer a la Casa Real. 'No fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo, cuya única finalidad era, con un total abuso de poder, beneficiar a la entidad y en este caso al más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin'.
VALENCIA PODRÍA PERSONARSE
Así, en el auto de más de 500 páginas, el juez solicita que Urdangarin y Torres indiquen si tienen antecedentes penales y, además, ofrece a la Comunidad valenciana la posibilidad de reclamar la reparación del daño presuntamente causado por los hechos investigados en la causa, entre ellos el pago de 1,044 millones de euros por parte del Ejecutivo valenciano al Instituto Nóos para la celebración de cada una de las tres ediciones del Valencia Summit.
En el escrito, el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, atribuyó al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio en el Instituto Nóos 'una actividad delictiva premeditada' dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007.
El juez señala que el Instituto Nóos 'dista abismalmente de poder ser considerada como una entidad carente de lucro', tal como declararon varios testigos, y sus responsables lo constituyeron como asociación porque, si se presentaban mediante una compañía mercantil privada, les estarían vedadas las opciones de acceder a financiación pública.
En este sentido, el letrado señala que los dos crearon un entramado de empresas y se pusieron de acuerdo 'al objeto de rentabilizar hasta donde les fuera posible ante las entidades privadas y las instituciones públicas' la influencia de Iñaki Urdangarin, 'real o de obligada imaginación', con la Casa Real en su 'desmedido ánimo de lucrarse'.
Castro alude a esta 'esfera de pretendido poder' que emplearon 'unas veces de manera implícita y en otras de manera franca', y añade que en algunos momentos lo hicieron mediante documentos 'con claras referencias a S.A.R. la infanta Cristina y a Carlos García Revenga, al que se le califica como asesor de la Casa Real'.
'Se les hacía ver a los potenciales clientes', recoge el auto del juez, que había 'innumerables ventajas de prestigio y económicas' en el hecho de 'contar con la colaboración de un miembro de la Casa Real y en algunos casos con el expreso añadido de la esposa de éste y del secretario de esta institución'.
Asimismo, el juez Castro suscribe que los contratos rubricados entre Nóos y las Comunidades balear y valenciana obedecían al mero interés de conceder al señor Urdangarin todo aquello que éste solicitaba, consecuencia de su influencia por pertenecer a la Casa Real. 'No fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo, cuya única finalidad era, con un total abuso de poder, beneficiar a la entidad y en este caso al más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin'.
