El etarra histórico del comando Madrid de ETA, Joseba Urrusolo Sistiaga, defendió ayer en la Audiencia Nacional que la lucha armada de la banda terrorista debió haber terminado hace tiempo'.
Urrusolo fue juzgado por un triple asesinato en Villaverde (Madrid) por el que el fiscal Carlos Bautista ha confirmado su petición de 128 años de cárcel. Urrusolo realizó estas afirmaciones a preguntas de su abogado defensor acerca de si abandonó la banda terrorista y escribió cartas desde la cárcel abogando por el fin de la violencia. En este sentido, Urrusolo recordó que él abandonó ETA en 1994 y, desde entonces, se ha 'posicionado' a favor de que abandone la lucha armada.
El etarra se sienta en el banquillo de los acusados por el envío de un paquete bomba en 1991 al Ministerio de Justicia que fue rechazado y, finalmente, acabó con la vida del oficial de la Policía Luis Claraco López, el subinspector Pedro Domínguez Pérez y el oficial de Policía José Luis Jiménez Barrero, que intentaban desactivarlo.
El fiscal Bautista modificó la indemnización que el etarra deberá pagar a los familiares de las víctimas de un millón de euros a tres millones (500.000 euros por cada familia). Además, deberá abonar los daños ocasionados, que ascienden a 53.997.840 euros. Por su parte, la acusación particular ha exigido el doble de indemnización a las familias que el Ministerio Público porque, aunque aún no puede aplicarse el proyecto de ley de Víctimas del Terrorista, que se está tramitando en las Cortes, considera que la jurisprudencia es suficiente para ello.
caso prescrito
La defensa de Urrusolo ha solicitado la libre absolución del procesado alegando que las anotaciones por las que se le implica en el caso fueron hechas en los años 80 y ya han prescrito. Subsidiariamente, si la libre absolución no fuese aceptada, cree que se le debería condenar a cuatro años de cárcel por complicidad, ya que abandonó ETA 'voluntariamente' y ha 'luchado de manera notoria y pública por el abandono de la lucha armada'.
Durante el juicio, Urrusolo aseguró no recordar si era suya la agenda que le incautaron al etarra Fernando Díaz Torres con los datos del atentado. 'Puede ser, pero no me acuerdo', contestó a sucesivas preguntas del representante del Ministerio Público. En este sentido, reconoció que existía una agenda, pero no sabe si era o no la incautada al también etarra Díaz Torres. En cuanto a las anotaciones, apuntó a que no sabe si fue él quien anotó la dirección del Ministerio de Justicia para posteriormente enviar un paquete bomba pero que, si lo hizo, sería en los años 80. Además, aseguró no haber estado nunca en Valladolid, lugar desde el que se mandó el paquete bomba.
El etarra se sienta en el banquillo de los acusados por el envío de un paquete bomba en 1991 al Ministerio de Justicia que fue rechazado y, finalmente, acabó con la vida del oficial de la Policía Luis Claraco López, el subinspector Pedro Domínguez Pérez y el oficial de Policía José Luis Jiménez Barrero, que intentaban desactivarlo.
El fiscal Bautista modificó la indemnización que el etarra deberá pagar a los familiares de las víctimas de un millón de euros a tres millones (500.000 euros por cada familia). Además, deberá abonar los daños ocasionados, que ascienden a 53.997.840 euros. Por su parte, la acusación particular ha exigido el doble de indemnización a las familias que el Ministerio Público porque, aunque aún no puede aplicarse el proyecto de ley de Víctimas del Terrorista, que se está tramitando en las Cortes, considera que la jurisprudencia es suficiente para ello.
caso prescrito
La defensa de Urrusolo ha solicitado la libre absolución del procesado alegando que las anotaciones por las que se le implica en el caso fueron hechas en los años 80 y ya han prescrito. Subsidiariamente, si la libre absolución no fuese aceptada, cree que se le debería condenar a cuatro años de cárcel por complicidad, ya que abandonó ETA 'voluntariamente' y ha 'luchado de manera notoria y pública por el abandono de la lucha armada'.
Durante el juicio, Urrusolo aseguró no recordar si era suya la agenda que le incautaron al etarra Fernando Díaz Torres con los datos del atentado. 'Puede ser, pero no me acuerdo', contestó a sucesivas preguntas del representante del Ministerio Público. En este sentido, reconoció que existía una agenda, pero no sabe si era o no la incautada al también etarra Díaz Torres. En cuanto a las anotaciones, apuntó a que no sabe si fue él quien anotó la dirección del Ministerio de Justicia para posteriormente enviar un paquete bomba pero que, si lo hizo, sería en los años 80. Además, aseguró no haber estado nunca en Valladolid, lugar desde el que se mandó el paquete bomba.
