La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recalcó que el Ejecutivo ha cumplido la ley 'de manera escrupulosa' en la gestión del secuestro del buque 'Alakrana' y anunció que el Gobierno está dispuesto a activar un 'protocolo para la gestión de crisis de incidentes de ese tipo'.
'Hemos cumplido la ley de principio a fin. Las 24 horas, de los 47 días que ha durado el secuestro y hasta que hemos logrado su liberación', manifestó ante el pleno del Congreso.
Aseguró además que el Gobierno está 'razonablemente satisfecho' porque ha cumplido sus objetivos principales, rescatar sanos y salvos a los marineros y hacerlo cumpliendo la ley, pero agregó que ha 'tomado nota' de las críticas 'constructivas y razonadas'. Eso sí, esperó que todo el mundo, no sólo el Ejecutivo, haya extraído 'enseñanzas' de este incidente.
En su comparecencia, De la Vega no dio detalles de la operación de liberación del buque --alegando que ya la explicó Defensa--, pero sí se refirió a dos de los puntos más polémicos de los 47 días de secuestro, la detención de dos de los piratas y el episodio en que los secuestradores anunciaron que habían bajado a tierra a tres tripulantes.
Sobre este punto, no quiso entrar en detalles 'por razones de seguridad' pero sí aseguró 'que el Gobierno supo en todo momento donde estaba la tripulación' y que, ese día, sus actuaciones y expresiones pretendieron 'garantizar la seguridad' de los tripulantes. 'Sabíamos dónde estaba la tripulación, toda la tripulación y las garantizo que así fue en todo momento y de manera permanente', aseveró.
Además, anunció que fue ese día cuando el Gobierno fue consciente de que el secuestro podía 'estar llegando a su fin' y de que se iniciaba 'la cuenta atrás para la liberación' y que por eso el jefe del Ejecutivo llamó al líder del PP para pedirle discreción.
DETENCIÓN DE LOS PIRATAS
La ministra de la Presidencia se detuvo una vez más en subrayar que la detención y traslado a España de dos piratas dos días después del secuestro no fue 'una opción' sino 'una obligación' legal. Recordó, en concreto, que la operación Atalanta obliga a detener a los sospechosos de piratería y añadió que 'al tratarse de un barco español y contra ciudadanos españoles' la competencia para juzgarlo corresponde a los tribunales españoles.
En eso coinciden, aseguró, el Gobierno, el servicio jurídico del Estado, la fiscalía de la Audiencia Nacional, los dos jueces centrales de instrucción que han intervenido y todos los magistrados la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. 'Eso no ofrece dudas jurídicas de ninguna clase', remachó.
Para De la Vega, hay quien 'no ha dejado pasar la oportunidad' de abrir 'polémicas interesadas' sobre este asunto, pero recalcó que en este asunto sólo se ha cumplido la ley: 'No estoy especulando, estoy certificando hechos'.
En su exposición, detalló que la orden de apresar el esquife en el que viajaban dos de los piratas la dio 'el centro de mando operativo' a las 16.10 horas del 3 de octubre. La detención la practicaron infantes de marina a las 21.35 horas de ese día.
Según dijo, el Gobierno fue informado de la detención y ella misma pidió al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que iniciara 'los trámites necesarios para ponerlo en conocimiento de la Justicia española, tanto para determinar la competencia como el proceso a seguir'.
Caamaño consultó con la Abogacía del Estado y le contestó que procedía 'ponerlo inmediatamente en conocimiento de las autoridades judiciales españolas' y, siempre según el relato de la vicepresidenta, de ello se encargó la Abogacía del Estado presentando una denuncia a las 2.20 horas del día 4 de octubre.
CRONOLOGÍA DEL SECUESTRO
La 'número dos' del Gobierno hizo un relato pormenorizado del día en que se produjo el apresamiento del buque y de cómo dos días después éste fondeó a una milla y media del puerto somalí de Haradheere. Allí permaneció 'sin apenas moverse' hasta su liberación, con la excepción de los días 13 y 14 de noviembre, cuando fue al encuentro del mercante 'Ariana', secuestrado hace seis meses, para abastecerle de combustible.
Detalló además que el Gobierno creó cuatro centros de seguimiento: una célula de coordinación presidida por ella misma e integrada por los ministros de Defensa, Exteriores y Medio rural y Marino y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa y el del CNI-- y otros tres más operativos.
En concreto, había un 'mando de operaciones' en el seno del JEMAD, un tercer grupo del Ministerio de Medio Rural y Marino para estar informados por el Centro de Seguimiento de Pesca --que en 47 días de secuestro envió casi 5.000 notificaciones sobre la posición del 'Alakrana'-- y un cuarto en Kenia dirigido por el embajador español Nicolás Martín Cinto.
Según dijo, la diplomacia española desplegó una 'actividad de máximo nivel' y también lo hicieron los servicios de inteligencia, cuyas gestiones consideró 'cruciales' pero de la que no facilitó detalles por 'seguridad'.
Sí reveló que en las dos primeras semanas del secuestro los captores del barco cambiaban continuamente de lugares, fechas e interlocutores, 'de tal manera que corroborar la autenticidad de las informaciones se dificulta extraordinariamente y pone de manifiesto la situación extremadamente difícil por la que han pasado los tripulantes'.
CONTACTO CON LAS FAMILIAS
De la Vega defendió además de que desde el primer día el secretario general del Mar contactó con todas las familias de los 16 tripulantes españoles y que ella misma habló con los presidentes autonómicos vasco y gallego. Así, avisó de que 'cuando alguien dijo que nadie sabía lo que estaba haciendo el Gobierno, se equivocaban', porque lo cierto es que 'todos cuantos debían saber lo que era prudente transmitir, lo sabían'.
Por otro lado, quiso insistir en que el Gobierno está empeñado en combatir la piratería en el Índico: 'Compromiso con la protección de nuestros pescadores, implicación en la lucha contra la piratería, voluntad de seguir trabajando para seguir mejorando la seguridad, toda y a todos los niveles', garantizó.
Así, anunció que activará un protocolo de actuación en casos de secuestro de buques para 'salvaguardar prácticas que han demostrado ser eficaces' para su gestión, pero sobre todo para la comunicación con instituciones o particulares afectados. El Gobierno enviará en breve su propuesta de protocolo a los grupos parlamentarios.
No obstante, aunque admitió que los intereses de España en la zona son mayores que los de otros países --22 barcos, lo que duplica la suma de los de otros países, con 1.200 tripulantes de los que 520 son españoles--, insistió en que un problema de esta envergadura 'sólo puede afrontarse con posibilidades de éxito, contando y actuando coordinadamente con la comunidad internacional'.
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA PIRATERÍA
Y en ese sentido, reiteró otras iniciativas adelantadas por el Gobierno en el ámbito internacional, como hacer que la operación Atalanta de la UE en la región vigile más de cerca los puertos y adelantó que España apoyará la creación de un Tribunal Penal Internacional para juzgar los delitos de piratería como propugnan ya Holanda, Alemania y Rusia.
Además, recordó que el Gobierno ha propuesto que la UE emprenda una misión de entrenamiento de 2.000 soldados somalíes y fortalecer el Estado somalí, para lo que habrá una conferencia internacional durante la presidencia española de la UE.
Aseguró además que el Gobierno está 'razonablemente satisfecho' porque ha cumplido sus objetivos principales, rescatar sanos y salvos a los marineros y hacerlo cumpliendo la ley, pero agregó que ha 'tomado nota' de las críticas 'constructivas y razonadas'. Eso sí, esperó que todo el mundo, no sólo el Ejecutivo, haya extraído 'enseñanzas' de este incidente.
En su comparecencia, De la Vega no dio detalles de la operación de liberación del buque --alegando que ya la explicó Defensa--, pero sí se refirió a dos de los puntos más polémicos de los 47 días de secuestro, la detención de dos de los piratas y el episodio en que los secuestradores anunciaron que habían bajado a tierra a tres tripulantes.
Sobre este punto, no quiso entrar en detalles 'por razones de seguridad' pero sí aseguró 'que el Gobierno supo en todo momento donde estaba la tripulación' y que, ese día, sus actuaciones y expresiones pretendieron 'garantizar la seguridad' de los tripulantes. 'Sabíamos dónde estaba la tripulación, toda la tripulación y las garantizo que así fue en todo momento y de manera permanente', aseveró.
Además, anunció que fue ese día cuando el Gobierno fue consciente de que el secuestro podía 'estar llegando a su fin' y de que se iniciaba 'la cuenta atrás para la liberación' y que por eso el jefe del Ejecutivo llamó al líder del PP para pedirle discreción.
DETENCIÓN DE LOS PIRATAS
La ministra de la Presidencia se detuvo una vez más en subrayar que la detención y traslado a España de dos piratas dos días después del secuestro no fue 'una opción' sino 'una obligación' legal. Recordó, en concreto, que la operación Atalanta obliga a detener a los sospechosos de piratería y añadió que 'al tratarse de un barco español y contra ciudadanos españoles' la competencia para juzgarlo corresponde a los tribunales españoles.
En eso coinciden, aseguró, el Gobierno, el servicio jurídico del Estado, la fiscalía de la Audiencia Nacional, los dos jueces centrales de instrucción que han intervenido y todos los magistrados la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. 'Eso no ofrece dudas jurídicas de ninguna clase', remachó.
Para De la Vega, hay quien 'no ha dejado pasar la oportunidad' de abrir 'polémicas interesadas' sobre este asunto, pero recalcó que en este asunto sólo se ha cumplido la ley: 'No estoy especulando, estoy certificando hechos'.
En su exposición, detalló que la orden de apresar el esquife en el que viajaban dos de los piratas la dio 'el centro de mando operativo' a las 16.10 horas del 3 de octubre. La detención la practicaron infantes de marina a las 21.35 horas de ese día.
Según dijo, el Gobierno fue informado de la detención y ella misma pidió al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que iniciara 'los trámites necesarios para ponerlo en conocimiento de la Justicia española, tanto para determinar la competencia como el proceso a seguir'.
Caamaño consultó con la Abogacía del Estado y le contestó que procedía 'ponerlo inmediatamente en conocimiento de las autoridades judiciales españolas' y, siempre según el relato de la vicepresidenta, de ello se encargó la Abogacía del Estado presentando una denuncia a las 2.20 horas del día 4 de octubre.
CRONOLOGÍA DEL SECUESTRO
La 'número dos' del Gobierno hizo un relato pormenorizado del día en que se produjo el apresamiento del buque y de cómo dos días después éste fondeó a una milla y media del puerto somalí de Haradheere. Allí permaneció 'sin apenas moverse' hasta su liberación, con la excepción de los días 13 y 14 de noviembre, cuando fue al encuentro del mercante 'Ariana', secuestrado hace seis meses, para abastecerle de combustible.
Detalló además que el Gobierno creó cuatro centros de seguimiento: una célula de coordinación presidida por ella misma e integrada por los ministros de Defensa, Exteriores y Medio rural y Marino y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa y el del CNI-- y otros tres más operativos.
En concreto, había un 'mando de operaciones' en el seno del JEMAD, un tercer grupo del Ministerio de Medio Rural y Marino para estar informados por el Centro de Seguimiento de Pesca --que en 47 días de secuestro envió casi 5.000 notificaciones sobre la posición del 'Alakrana'-- y un cuarto en Kenia dirigido por el embajador español Nicolás Martín Cinto.
Según dijo, la diplomacia española desplegó una 'actividad de máximo nivel' y también lo hicieron los servicios de inteligencia, cuyas gestiones consideró 'cruciales' pero de la que no facilitó detalles por 'seguridad'.
Sí reveló que en las dos primeras semanas del secuestro los captores del barco cambiaban continuamente de lugares, fechas e interlocutores, 'de tal manera que corroborar la autenticidad de las informaciones se dificulta extraordinariamente y pone de manifiesto la situación extremadamente difícil por la que han pasado los tripulantes'.
CONTACTO CON LAS FAMILIAS
De la Vega defendió además de que desde el primer día el secretario general del Mar contactó con todas las familias de los 16 tripulantes españoles y que ella misma habló con los presidentes autonómicos vasco y gallego. Así, avisó de que 'cuando alguien dijo que nadie sabía lo que estaba haciendo el Gobierno, se equivocaban', porque lo cierto es que 'todos cuantos debían saber lo que era prudente transmitir, lo sabían'.
Por otro lado, quiso insistir en que el Gobierno está empeñado en combatir la piratería en el Índico: 'Compromiso con la protección de nuestros pescadores, implicación en la lucha contra la piratería, voluntad de seguir trabajando para seguir mejorando la seguridad, toda y a todos los niveles', garantizó.
Así, anunció que activará un protocolo de actuación en casos de secuestro de buques para 'salvaguardar prácticas que han demostrado ser eficaces' para su gestión, pero sobre todo para la comunicación con instituciones o particulares afectados. El Gobierno enviará en breve su propuesta de protocolo a los grupos parlamentarios.
No obstante, aunque admitió que los intereses de España en la zona son mayores que los de otros países --22 barcos, lo que duplica la suma de los de otros países, con 1.200 tripulantes de los que 520 son españoles--, insistió en que un problema de esta envergadura 'sólo puede afrontarse con posibilidades de éxito, contando y actuando coordinadamente con la comunidad internacional'.
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA PIRATERÍA
Y en ese sentido, reiteró otras iniciativas adelantadas por el Gobierno en el ámbito internacional, como hacer que la operación Atalanta de la UE en la región vigile más de cerca los puertos y adelantó que España apoyará la creación de un Tribunal Penal Internacional para juzgar los delitos de piratería como propugnan ya Holanda, Alemania y Rusia.
Además, recordó que el Gobierno ha propuesto que la UE emprenda una misión de entrenamiento de 2.000 soldados somalíes y fortalecer el Estado somalí, para lo que habrá una conferencia internacional durante la presidencia española de la UE.
