El ministro de Educación, José Ignacio Wert, volverá a presentar mañana a las comunidades la misma propuesta de reforma educativa que ya debatieron en la reunión del pasado 4 diciembre, aunque abierto a seguir escuchando alternativas y propuestas, según fuentes ministeriales consultadas por Efe.
Será la cuarta y, probablemente, última conferencia sectorial para hablar sobre la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), a la que, en principio, asistirán todos los consejeros autonómicos.
La consejera catalana de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, abandonó la sesión del 4 de diciembre antes de que terminara por considerar inadmisible las previsiones del borrador para garantizar el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial.
El ministerio propuso sobre la marcha algunas modificaciones aclaratorias, como que los alumnos también tendrán que ser evaluados de la lengua cooficial en las comunidades correspondientes para poder obtener los títulos de ESO y bachillerato.
Aún así, Cataluña mantuvo la discrepancia, en especial con la disposición adicional sobre la escolarización en castellano de los alumnos que lo deseen, que dice así:
'Si la programación anual de la administración educativa no contemplase oferta docente pública o concertada en la lengua vehicular elegida en el municipio o zona limítrofe correspondiente, los padres o tutores podrán optar por escolarizar a sus hijos en centros privados, correspondiendo a la administración educativa sufragar los gastos de escolarización'.
El ministerio ha venido argumentando que la propuesta legislativa no invade ni cuestiona el modelo de inmersión lingüística de Cataluña, sino que se limita a recoger la doctrina de los tribunales Supremo y Constitucional sobre esta cuestión.
Wert y Rigau mantuvieron el desacuerdo en la reunión bilateral del jueves pasado en Madrid, si bien con la intención de mantener el diálogo abierto.
Oídas las comunidades, Educación sometería el anteproyecto a consulta del Consejo del Estado, antes de que el Consejo de Ministros lo apruebe como anteproyecto y lo envíe al Congreso de los Diputados, con la posibilidad de seguir negociando la reforma con los grupos parlamentarios, según las fuentes ministeriales.
La consejera catalana de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, abandonó la sesión del 4 de diciembre antes de que terminara por considerar inadmisible las previsiones del borrador para garantizar el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial.
El ministerio propuso sobre la marcha algunas modificaciones aclaratorias, como que los alumnos también tendrán que ser evaluados de la lengua cooficial en las comunidades correspondientes para poder obtener los títulos de ESO y bachillerato.
Aún así, Cataluña mantuvo la discrepancia, en especial con la disposición adicional sobre la escolarización en castellano de los alumnos que lo deseen, que dice así:
'Si la programación anual de la administración educativa no contemplase oferta docente pública o concertada en la lengua vehicular elegida en el municipio o zona limítrofe correspondiente, los padres o tutores podrán optar por escolarizar a sus hijos en centros privados, correspondiendo a la administración educativa sufragar los gastos de escolarización'.
El ministerio ha venido argumentando que la propuesta legislativa no invade ni cuestiona el modelo de inmersión lingüística de Cataluña, sino que se limita a recoger la doctrina de los tribunales Supremo y Constitucional sobre esta cuestión.
Wert y Rigau mantuvieron el desacuerdo en la reunión bilateral del jueves pasado en Madrid, si bien con la intención de mantener el diálogo abierto.
Oídas las comunidades, Educación sometería el anteproyecto a consulta del Consejo del Estado, antes de que el Consejo de Ministros lo apruebe como anteproyecto y lo envíe al Congreso de los Diputados, con la posibilidad de seguir negociando la reforma con los grupos parlamentarios, según las fuentes ministeriales.
