El 86 por ciento de los establecimientos de compraventa de metales preciosos que existen en Galicia presentaba algún tipo de irregularidad en el momento de inspección durante la campaña desarrollada por el Instituto Galego de Consumo (IGC).
Así lo ha apuntado en rueda de prensa la presidenta del organismo, Nava Castro, quien ha advertido del 'incremento de la actividad y proliferación' del número de locales de comercio con oro que se ha producido en los últimos años. En este sentido, la también directora xeral de Comercio señaló a la crisis económica que atraviesa el país como uno de los 'detonantes' de dicho aumento.
En concreto, el Instituto Galego de Consumo detectó que el 78,73 por ciento de los locales que fueron inspeccionados no exponía el precio del producto por unidad de medida y el 35 por ciento no entregaba al consumidor un documento acreditativo de la transacción realizada.
Asimismo, los comercios presentaban irregularidades en los instrumentos de medida de los metales, pues en el 57 por ciento de los casos inspeccionados las básculas no eran aptas para negocios o no estaban correctamente marcadas -con la etiqueta metrológica 'M Verde' y el marcado 'CE' de conformidad-.
Es por ello que el instituto dependiente de la Consellería de Economía e Industria ha puesto en marcha una segunda campaña para comprobar si los comercios han corregido los fallos detectados. A este respecto, Nava Castro ha avanzado que 'la mayoría' de los establecimientos 'han subsanado' las infracciones.
CUANTÍA DE LAS MULTAS
En el marco de esta segunda fase, se sancionará a aquellos comercios que sigan presentando irregularidades, con multas de hasta 3.000 euros para las faltas leves -como las relacionadas con hojas de reclamación e información del precio por gramo- y de entre 3.001 y 15.000 euros para las más graves -como las irregularidades en las básculas-.
En esta primera campaña de inspección, 64 de los establecimientos analizados no contaban con un libro de registro -en el que deben constar las operaciones realizadas en los 15 últimos días- o bien no lo tenían actualizado o sellado por la Jefatura Superior de Policía.
En cuanto a las hojas de reclamaciones, no estaban disponibles en el 22,41 por ciento de los establecimientos, mientras que en el 25,29 por ciento de ellos faltaba el cartel que informa de la existencia de estos formularios.
Por otro lado, la presidenta del Instituto Galego de Consumo, Nava Castro, señaló que 'no hay muchas quejas' presentadas en el instituto que preside con respecto a esta materia, un hecho que ha achacado al interés del consumidor en 'preservar su intimidad'.
En esta línea, la también directora xeral de Comercio ha aconsejado a los consumidores que se cercioren de que el establecimiento al que acuden está debidamentee registrado, bien en la Delegación del Gobierno, bien en la Subdelegación. Además, Nava Castro reseñó el libro de registro, las hojas de reclamaciones y la información sobre el precio del producto por gramo como otros factores a tener en cuenta.
En concreto, el Instituto Galego de Consumo detectó que el 78,73 por ciento de los locales que fueron inspeccionados no exponía el precio del producto por unidad de medida y el 35 por ciento no entregaba al consumidor un documento acreditativo de la transacción realizada.
Asimismo, los comercios presentaban irregularidades en los instrumentos de medida de los metales, pues en el 57 por ciento de los casos inspeccionados las básculas no eran aptas para negocios o no estaban correctamente marcadas -con la etiqueta metrológica 'M Verde' y el marcado 'CE' de conformidad-.
Es por ello que el instituto dependiente de la Consellería de Economía e Industria ha puesto en marcha una segunda campaña para comprobar si los comercios han corregido los fallos detectados. A este respecto, Nava Castro ha avanzado que 'la mayoría' de los establecimientos 'han subsanado' las infracciones.
CUANTÍA DE LAS MULTAS
En el marco de esta segunda fase, se sancionará a aquellos comercios que sigan presentando irregularidades, con multas de hasta 3.000 euros para las faltas leves -como las relacionadas con hojas de reclamación e información del precio por gramo- y de entre 3.001 y 15.000 euros para las más graves -como las irregularidades en las básculas-.
En esta primera campaña de inspección, 64 de los establecimientos analizados no contaban con un libro de registro -en el que deben constar las operaciones realizadas en los 15 últimos días- o bien no lo tenían actualizado o sellado por la Jefatura Superior de Policía.
En cuanto a las hojas de reclamaciones, no estaban disponibles en el 22,41 por ciento de los establecimientos, mientras que en el 25,29 por ciento de ellos faltaba el cartel que informa de la existencia de estos formularios.
Por otro lado, la presidenta del Instituto Galego de Consumo, Nava Castro, señaló que 'no hay muchas quejas' presentadas en el instituto que preside con respecto a esta materia, un hecho que ha achacado al interés del consumidor en 'preservar su intimidad'.
En esta línea, la también directora xeral de Comercio ha aconsejado a los consumidores que se cercioren de que el establecimiento al que acuden está debidamentee registrado, bien en la Delegación del Gobierno, bien en la Subdelegación. Además, Nava Castro reseñó el libro de registro, las hojas de reclamaciones y la información sobre el precio del producto por gramo como otros factores a tener en cuenta.
