El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Xunta y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) firmarán un convenio para que las personas más desfavorecidas que se vean afectadas por un proceso de desahucio no se queden en la calle.
Fuentes del CGPJ informaron ayer en un comunicado de que el protocolo de actuación se pondrá en marcha próximamente para casos de desahucios,, de personas en situación de especial vulnerabilidad. 'Bajo esta definición de personas en situación de especial vulnerabilidad se encuentran los ancianos, discapacitados, familias numerosas sin ingresos u cualquier otra que así lo aprecie la autoridad judicial', indica el CGPJ en un comunicado.
En el comunicado se explica que el protocolo de actuación 'funcionará de una forma muy simple en los casos de desahucio por falta de pago de la hipoteca'.
'Cuando el juez competente considere que puede producirse una situación de desvalimiento o de riesgo de exclusión social con el desahucio', lo comunicará a la Consellería de Traballo o a los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente,que buscarán una solución al problema, se señala en la nota.
Si por el contrario son los funcionarios que van a llevar a cabo el desahucio los que aprecian que se va a producir esa situación de desvalimiento, estos informarán 'de inmediato' al juez competente, quien podrá decretar la suspensión del desahucio durante un plazo no superior a 10 días para que los servicios sociales se encarguen del caso.
En ambos casos, el Instituto Galego de Vivenda e Solo -que dispone de un parque de 500 viviendas-, o la Fegamp -que también tienen pisos sociales- 'procederán al realojo de estas personas.
En el comunicado se explica que el protocolo de actuación 'funcionará de una forma muy simple en los casos de desahucio por falta de pago de la hipoteca'.
'Cuando el juez competente considere que puede producirse una situación de desvalimiento o de riesgo de exclusión social con el desahucio', lo comunicará a la Consellería de Traballo o a los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente,que buscarán una solución al problema, se señala en la nota.
Si por el contrario son los funcionarios que van a llevar a cabo el desahucio los que aprecian que se va a producir esa situación de desvalimiento, estos informarán 'de inmediato' al juez competente, quien podrá decretar la suspensión del desahucio durante un plazo no superior a 10 días para que los servicios sociales se encarguen del caso.
En ambos casos, el Instituto Galego de Vivenda e Solo -que dispone de un parque de 500 viviendas-, o la Fegamp -que también tienen pisos sociales- 'procederán al realojo de estas personas.
