Asegura ser en solitario responsable de los casi 30 kilos de heroína que movía para ganar dinero para el autoconsumo.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha acogido este martes el juicio contra tres hombres acusados de integrar una red de narcotráfico que operaba entre la provincia de Pontevedra y el Norte de Portugal, en la denominada 'Operación Jockey'. Uno de los procesados ha admitido que traficaba con heroína, mientras que el resto declararon que solamente vendían coches.
En concreto, Roberto G.D., sobrino del presunto cabecilla, reconoció ante el tribunal su conformidad con los hechos de los que se le acusa, asumiendo en solitario ser responsable de los casi 30 kilos de heroína que movía para ganar dinero para el autoconsumo.
Este acusado, que sólo quiso responder a las preguntas formuladas por su abogado, afirmó que en aquella época "estaba muy descontrolado". "El consumo excesivo me llevaba al descontrol", ha sostenido.
ERA UN "MANDADO"
El fiscal antidroga se remitió a la declaración realizada por el acusado en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Cambados, en la que Roberto G.D. aseguró que transportaba droga y la almacenaba unas dos veces por semana. Este martes en la Audiencia insistió en que era "un mandado" y que "no conocía a nadie" dentro de la organización. "Había un señor portugués que me llamaba por teléfono", ha abundado.
En cuanto a los otros dos acusados que se sentaron en el banquillo de la Audiencia pontevedresa, son José G.R., con antecedentes penales por narcotráfico y el ciudadano portugués Manuel Jorge D.S., también con antecedentes por tráfico de drogas. Ambos afirmaron que mantenían contactos exclusivamente dirigidos a la compraventa de vehículos.
El fiscal antidroga, Luis Uriarte, sostiene que al frente de la organización "de estructura jerarquizada" estaba José G.R., propietario de un concesionario de coches de A Guarda que utilizaba como tapadera y Jorge D.S. contactaba con los clientes y cerraba los acuerdos de tráfico de droga.
HASTA 32 TURISMOS EN DOS AÑOS
Los acusados apuntaron que "lógicamente", al haber tenido relación con el mundo del narcotráfico entre sus contactos, amistades y clientes, se encontraban gente implicada en el tráfico de droga, pero aseguraron que ellos se limitaban a vender coches, hasta 32 turismos en dos años. "Aunque no tengo documentos de esas ventas ni tampoco traigo como testigos a ninguno de los compradores", admitió José G.R. ante las preguntas del Ministerio Público.
La Fiscalía sostiene que en la organización existía una "estricta separación de cometidos y funciones", que tenía por finalidad entorpecer cualquier investigación policial. Fruto de ello, se utilizaban numerosas líneas de teléfonos móviles, hasta un total de 66 móviles con operadoras portuguesas. Así, Jorge D.S. justificó el uso de tanto teléfono, "era una medida de seguridad porque estaba perseguido por la Justicia en Portugal".
PINCHAZOS
Los agentes de los equipos UCO y ECO de la Guardia Civil de Pontevedra y de la Policía Judiciaria de Oporto explicaron ante el tribunal que durante los diez meses de pinchazos telefónicos en esta operación, iniciada en abril de 2011, pudieron comprobar que existía un código.
Al respecto, señalaron que, cuando hablaban de "vehículos", se referían a la "droga", la "documentación" era el "dinero", una "fotocopia de la documentación" era una "muestra de droga", entre otras referencias. Además pudieron comprobar que nunca entregaron ningún vehículo.
Finalmente, José G.R. dijo no saber que hacían en el domicilio de su madre, a la que visitaba prácticamente a diario en Tomiño (Pontevedra), más de 20 kilos de heroína y una cantidad menor de cocaína, junto a más de cien kilos de sustancia de corte ocultos en unos arcones metálicos en tres zulos situados en las cuadras para los cerdos. Las llaves de estos arcones las llevaba este procesado encima en el momento de ser detenido.
La Fiscalía pide penas de entre 11 y 16 años porque considera probado que los tres acusados formaban una organización criminal, pero también solicitó penas inferiores a diez años en caso de que no se considere así.
Por su parte, las defensas de los procesados solicitaron la nulidad de las escuchas, una cuestión que resolverá el tribunal en la sentencia.
