Los vecinos de los núcleos litorales de Loira, Mogor, Aguete y Casás-Teoira, en Marín (Pontevedra) han presentado en la Subdelegación del Gobierno unas 250 alegaciones colectivas e individuales al proceso de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, dirigidas a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del Ministerio de Medio Ambiente. Los afectados por la Ley de Costas no descartan acudir a la vía judicial si la resolución no rebaja a 20 metros la servidumbre de protección.
El portavoz de los afectados, Enrique Méndez, explicó que los responsables del Ministerio les aseguraron que 'con el deslinde se resolvía definitivamente el problema' y advierten que 'si el Gobierno no cumpliera con su palabra', interpondrían recurso contencioso-administrativo 'con la seguridad absoluta de que los tribunales' les darán 'la razón'.
En concreto, argumentan que poseen más de 4.000 documentos 'que acreditan la consolidación de estos núcleos' con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 'y la preexistencia de servicios' ya desde los años 50.
El conflicto se remonta a hace ocho años, cuando los vecinos de estos núcleos rurales costeros comenzaron a recibir notificaciones de sanción por acometer diversas obras en sus viviendas. Tras la presentación de estas alegaciones, la siguiente fase de sus gestiones consiste en gestionar entrevistas con los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso 'para convencerles de que la modificación de la Ley de Costas debe reconocer las peculiaridades de la costa gallega'.
El portavoz de los afectados asegura que 'todo eso es falso' ya que su objetivo 'es mantener las casas en pie y hacer los arreglos necesarios para vivir en el siglo XXI'.
En concreto, argumentan que poseen más de 4.000 documentos 'que acreditan la consolidación de estos núcleos' con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 'y la preexistencia de servicios' ya desde los años 50.
El conflicto se remonta a hace ocho años, cuando los vecinos de estos núcleos rurales costeros comenzaron a recibir notificaciones de sanción por acometer diversas obras en sus viviendas. Tras la presentación de estas alegaciones, la siguiente fase de sus gestiones consiste en gestionar entrevistas con los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso 'para convencerles de que la modificación de la Ley de Costas debe reconocer las peculiaridades de la costa gallega'.
El portavoz de los afectados asegura que 'todo eso es falso' ya que su objetivo 'es mantener las casas en pie y hacer los arreglos necesarios para vivir en el siglo XXI'.
