Alternativa Galega de Esquerda (AGE) ha acusado este martes a la Xunta de defender 'únicamente los intereses de la empresa' y de 'plegarse' a los mismos en la Declaración de Impacto Ambiental para la explotación minera de Corcoesto, en Cabana de Bergantiños (A Coruña).
Así, la formación política denuncia que el Gobierno gallego se niega a evaluar otras alternativas diferentes a las presentadas por la empresa y 'no cuestiona sus criterios ambientales', en concreto en la gestión del proceso de uso del cianuro.
Además, pide a la compañía que se acoja al Código Internacional para el Manejo del Cianuro y avanza que una representación del grupo parlamentario de AGE, encabezado por el portavoz y la viceportavoz, Xosé Manuel Beiras y Yolanda Díaz, respectivamente, visitará la zona este fin de semana.
Por su parte, la Plataforma pola Defensa de Corcoesto ha considerado que la declaración es 'una chapuza a medida de la empresa minera' y critica que 'obvia por completo' sus alegaciones.
Esta plataforma destaca que la actividad forestal figura entre las tres primeras actividades industriales por empleo generado en la zona, por lo que 'es evidente la existencia de un conflicto de intereses entre la actividad minera y la forestal que no fue evaluada'.
Esto 'revela que la empresa minera incurrió en falsedad y ocultación de datos', lo que 'da lugar a una infracción grave', advierte.
Además, pide a la compañía que se acoja al Código Internacional para el Manejo del Cianuro y avanza que una representación del grupo parlamentario de AGE, encabezado por el portavoz y la viceportavoz, Xosé Manuel Beiras y Yolanda Díaz, respectivamente, visitará la zona este fin de semana.
Por su parte, la Plataforma pola Defensa de Corcoesto ha considerado que la declaración es 'una chapuza a medida de la empresa minera' y critica que 'obvia por completo' sus alegaciones.
Esta plataforma destaca que la actividad forestal figura entre las tres primeras actividades industriales por empleo generado en la zona, por lo que 'es evidente la existencia de un conflicto de intereses entre la actividad minera y la forestal que no fue evaluada'.
Esto 'revela que la empresa minera incurrió en falsedad y ocultación de datos', lo que 'da lugar a una infracción grave', advierte.
