El alcalde de Poio, Luciano Sobral, pidió sosiego a la población sumándose así al llamamiento de las autoridades para evitar tensión en el proceso de realojo de un grupo de siete familias gitanas de ese municipio, cuyas chabolas fueron demolidas por decisión judicial.
En declaraciones a EFE, Sobral indicó que ya presentía que la instalación de algunas de esas familias gitanas en el barrio pontevedrés de Monteporreiro podía suscitar reacciones por parte de una sector de la población, pero expresó su esperanza de que no sea por motivos racistas.
El alcalde, del BNG, consideró necesario que el debate se centre ahora en un espacio de negociación con el fin de conseguir una integración social de esa comunidad, hostigada por la marginación y cargada con el estigma.
Sobral llegó en 1995 a la Alcaldía de Poio, municipio adyacente al de Pontevedra, y entre los temas jurídicos conflictivos que se encontró sobre la mesa figuraban once expedientes de infracción urbanística sobre la comunidad gitana asentada en O Vao, una zona marginal en la que viven hacinadas anárquicamente unas setenta de chabolas y viviendas de fortuna.
Dos sentencias judiciales emitidas en 1988 y 1994 establecieron la orden de demoler las humildes viviendas de fabricación artesanal que cobijaron en la improvisación y en condiciones precarias a medio centenar de gitanos.
En 2005, después de los recursos presentados por varias partes, la sentencia judicial fue firme, y en diciembre pasado las once chabolas fueron finalmente arrasadas por las excavadoras, después de varias moratorias solicitadas por el alcalde.
El derribo puso fin a años de precariedad y de marginación de una parte de la comunidad de O Vao, que vive sin calefacción entre paredes de escaso aislamiento y sin suministro de electricidad, gas o agua corriente en condiciones de suficiente garantía.
El poblado de O Vao, una zona insalubre y poco recomendable para el resto de la población, se ha convertido en los últimos años en un lugar conocido para comprar pequeñas dosis de hachís, cocaína u otras drogas.
Por ese lugar transita periódicamente la Policía Nacional que suele incautarse además de objetos presuntamente robados y de dinero en efectivo atribuido a todo tipo de comercio ilícito.
Según la asociación Albatros, de lucha contra la drogadicción, O Vao en uno de los puntos más importantes de suministro en Galicia.
Un estudio elaborado por este colectivo concluyó que un millar de personas acuden mensualmente a esa zona a adquirir droga.
Tras la demolición de las chabolas, dos de las once familias se instalaron en otra vivienda similar de familiares en O Vao y otras dos más en otras viviendas de Mollavao y Marín.
Otras dos familias más se fueron a vivir a Pontecaldelas, y otra al barrio de Boavista, en Poio, y otra más, al no poder acreditar que la chabola fuese de su propiedad, no pudo beneficiarse de las ayudas de un plan de la Consellería de Vivienda.
Asimismo, tres familiares fueron albergadas en el barrio de Monteporreiro en viviendas de alquiler moderado, lo que suscitó gran inquietud entre una parte del vecindario que expresó su temor a que los gitanos, que no disponen de trabajo, instauren la delincuencia en la zona.
Los alcaldes de Pontevedra y Pontecaldelas, Miguel Anxo Fernández Lores y Perfecto Rodríguez, respectivamente, mostraron su indignación por la decisión del Ayuntamiento de Poio de adquirir viviendas en sus municipios para albergar a los gitanos sin informarles previamente.
La decisión de Fernández Lores de supervisar la situación legal de una de las viviendas que iban a ser ocupadas por los gitanos y de cortar el suministro de agua y electricidad, tras detectar un problema administrativo, y de intensificar la vigilancia policial, han contribuido a enturbiar el caso.
La postura del líder del PPdeG en Pontevedra, el constructor Telmo Martín, quien consideró que facilitar a los gitanos viviendas en condiciones de alquiler moderadas supone una discriminación con respecto a otros ciudadanos, también han acentuado aún más las divisiones entre la población.
El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández, han pedido calma y serenidad para resolver de manera pacífica el realojo de esas familias y evitar cualquier tipo de enfrentamiento susceptible de enturbiar las relaciones de desconfianza entre payos y gitanos.
El alcalde, del BNG, consideró necesario que el debate se centre ahora en un espacio de negociación con el fin de conseguir una integración social de esa comunidad, hostigada por la marginación y cargada con el estigma.
Sobral llegó en 1995 a la Alcaldía de Poio, municipio adyacente al de Pontevedra, y entre los temas jurídicos conflictivos que se encontró sobre la mesa figuraban once expedientes de infracción urbanística sobre la comunidad gitana asentada en O Vao, una zona marginal en la que viven hacinadas anárquicamente unas setenta de chabolas y viviendas de fortuna.
Dos sentencias judiciales emitidas en 1988 y 1994 establecieron la orden de demoler las humildes viviendas de fabricación artesanal que cobijaron en la improvisación y en condiciones precarias a medio centenar de gitanos.
En 2005, después de los recursos presentados por varias partes, la sentencia judicial fue firme, y en diciembre pasado las once chabolas fueron finalmente arrasadas por las excavadoras, después de varias moratorias solicitadas por el alcalde.
El derribo puso fin a años de precariedad y de marginación de una parte de la comunidad de O Vao, que vive sin calefacción entre paredes de escaso aislamiento y sin suministro de electricidad, gas o agua corriente en condiciones de suficiente garantía.
El poblado de O Vao, una zona insalubre y poco recomendable para el resto de la población, se ha convertido en los últimos años en un lugar conocido para comprar pequeñas dosis de hachís, cocaína u otras drogas.
Por ese lugar transita periódicamente la Policía Nacional que suele incautarse además de objetos presuntamente robados y de dinero en efectivo atribuido a todo tipo de comercio ilícito.
Según la asociación Albatros, de lucha contra la drogadicción, O Vao en uno de los puntos más importantes de suministro en Galicia.
Un estudio elaborado por este colectivo concluyó que un millar de personas acuden mensualmente a esa zona a adquirir droga.
Tras la demolición de las chabolas, dos de las once familias se instalaron en otra vivienda similar de familiares en O Vao y otras dos más en otras viviendas de Mollavao y Marín.
Otras dos familias más se fueron a vivir a Pontecaldelas, y otra al barrio de Boavista, en Poio, y otra más, al no poder acreditar que la chabola fuese de su propiedad, no pudo beneficiarse de las ayudas de un plan de la Consellería de Vivienda.
Asimismo, tres familiares fueron albergadas en el barrio de Monteporreiro en viviendas de alquiler moderado, lo que suscitó gran inquietud entre una parte del vecindario que expresó su temor a que los gitanos, que no disponen de trabajo, instauren la delincuencia en la zona.
Los alcaldes de Pontevedra y Pontecaldelas, Miguel Anxo Fernández Lores y Perfecto Rodríguez, respectivamente, mostraron su indignación por la decisión del Ayuntamiento de Poio de adquirir viviendas en sus municipios para albergar a los gitanos sin informarles previamente.
La decisión de Fernández Lores de supervisar la situación legal de una de las viviendas que iban a ser ocupadas por los gitanos y de cortar el suministro de agua y electricidad, tras detectar un problema administrativo, y de intensificar la vigilancia policial, han contribuido a enturbiar el caso.
La postura del líder del PPdeG en Pontevedra, el constructor Telmo Martín, quien consideró que facilitar a los gitanos viviendas en condiciones de alquiler moderadas supone una discriminación con respecto a otros ciudadanos, también han acentuado aún más las divisiones entre la población.
El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández, han pedido calma y serenidad para resolver de manera pacífica el realojo de esas familias y evitar cualquier tipo de enfrentamiento susceptible de enturbiar las relaciones de desconfianza entre payos y gitanos.
