El subdelegado del Gobierno anunció que "no habrá impunidad" y que hay abierta una investigación
No faltó nadie a la primera reunión que la Subdelegación de Gobierno convocó ayer en Pontevedra para analizar la situación creada en los mercadillos del sur de la provincia tras los incidentes registrados en los últimos dos meses en Cangas, el tiroteo de la Circunvalación de Vigo VG-20 y el último altercado de Redondela. Diecinueve alcaldes y ediles del área metropolitana de Vigo y el de Vilagarcía, representantes de la Policía Nacional, Autonómica y Guardia Civil pusieron sobre la mesa sus posturas para llegar a una conclusión: "La seguridad está garantizada en todos los mercadillos" y que no quedarán impunes los delitos que se hayan podido cometer. Además, todos los presentes mostraron su total apoyo a las fuerzas de seguridad, que serán las encargadas de vigilar todos los puntos de venta ambulante al mismo tiempo que investigan los hechos violentos registrados hasta la fecha, y pidieron a la Xunta que haga una nueva normativa para regular los mercadillos.
La reunión, según el subdelegado Antonio Coello, "ya estaba prevista", pero se convocó con mayor celeridad ante la preocupación mostrada por los regidores por el conflicto entre' zamoranos' y 'morones' y ante los episodios de violencia vividos en ferias de Cangas, Redondela y, especialmente, el tiroteo en Vigo. Entre los participantes se encontraban alcaldes y representantes de Vigo, Cangas, Barro, Poio, Redondela, O Porriño, Tui, Baiona, Moaña, Vilaboa, Vilagarcía, Cambados, A Guarda, Bueu, Mondariz, Marín, Ponteareas, Salceda y Tomiño.
Antonio Coello, manifestó al término de la reunión que la impunidad en los ataques a vendedores de los mercadillos de la provincia "se acabó" y señaló que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil apoyarán a los policías municipales de los ayuntamientos donde hay mercadillos. Sobre las inseguridad que se ha vivido en los dos últimos meses, resaltó que "esta reunión tiene como principal objetivo reponer la normalidad y apoyar a las fuerzas de seguridad en su trabajo preventivo". Además recordó que "aquellos que intenten vivir en la impunidad, decirles que se acabó. Vamos a hacer cumplir el Código Penal y la Constitución". En sus declaraciones anunció que ya se están tramitando sanciones administrativas y que la Policía Nacional y la Guardia Civil trabajan en conjunto para esclarecer "hechos gravísimos como los de la VG-20 que causaron gran alarma social".
En la reunión también se trató la necesidad de adecuar la ordenanzas municipales de algunos concellos "que se quedaron obsoletas". Entre los Ayuntamientos que ya anunciaron cambios se encuentra el de Vigo. Por petición expresa de los alcaldes que asistieron a la reunión, el subdelegado se dirigirá a la Xunta para que tome medidas basándose en las competencias que le atribuye la Ley de Comercio de Galicia.
