El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación y confirma así la sentencia de la Audiencia de A Coruña sobre el denominado caso Montebalsa, por el que fueron condenados el arquitecto jefe de servicio de obras y proyectos del Ayuntamiento compostelano Tomás Rivas Llavero y su colaborador en dicho servicio, el arquitecto municipal Isidro Manuel Mendoza. Ambos, según el auto de la audiencia, de 2012, 'sustituyeron intencionadamente parte de la documentación que presentó en su oferta una de las empresas licitadoras por otras que ellos crearon'. 'Su finalidad era conformar la voluntad de la mesa de contratación, para que propus
Ambos, según el auto de la audiencia, de 2012, 'sustituyeron intencionadamente parte de la documentación que presentó en su oferta una de las empresas licitadoras por otras que ellos crearon'. 'Su finalidad era conformar la voluntad de la mesa de contratación, para que propusiese como adjudicataria de las obras de polideportivo Quiroga Palacios a una empresa distinta de aquella a la que le correspondía la mayor puntuación objetiva', indicaba.
Ahora, con fecha del pasado 26 de marzo, el Supremo desestima los once motivos planteados por el recurso de casación, y condena a los recurrentes al pago de las costas ocasionadas. El fallo de la Audiencia condenaba a los dos arquitectos como autores responsables de un delito de falsedad documental concurriendo la circunstancia atenuante de 'extreneus'. Por ello, les fueron impuestos tres años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, multa de seis meses con cuota de 30 euros e inhabilitación especial por tiempo de dos años, por el delito de falsedad y tres años y medio de inhabilitación especial por el delito de prevaricación.
'Ciertamente, la conducta llevada a cabo por los recurrentes consistió en manipular el proceder de la Junta de Gobierno', argumentó el Tribunal Supremo.
Ahora, con fecha del pasado 26 de marzo, el Supremo desestima los once motivos planteados por el recurso de casación, y condena a los recurrentes al pago de las costas ocasionadas. El fallo de la Audiencia condenaba a los dos arquitectos como autores responsables de un delito de falsedad documental concurriendo la circunstancia atenuante de 'extreneus'. Por ello, les fueron impuestos tres años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, multa de seis meses con cuota de 30 euros e inhabilitación especial por tiempo de dos años, por el delito de falsedad y tres años y medio de inhabilitación especial por el delito de prevaricación.
'Ciertamente, la conducta llevada a cabo por los recurrentes consistió en manipular el proceder de la Junta de Gobierno', argumentó el Tribunal Supremo.
