La concesionaria de la AP-9 ganó 36,12 millones netos tras crecer sus ingresos por peaje un 12%
Audasa, la concesionaria de la autopista AP-9, obtuvo un beneficio neto de 36,12 millones de euros durante el primer semestre de este año, lo que supone un 68,35% más que en el mismo periodo de 2022, según datos no auditados remitidos por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Este resultado se explica, en parte, por el crecimiento del número de viajes registrados, ya que la firma contabilizó 24.076 vehículos al día por la autopista, un 3,75% más. Dicho incremento le permitió aumentar sus ingresos por peajes un 12,08%, hasta los 89,73 millones de euros entre enero y junio de este año. Así, el resultado de explotación fue de 55,2 millones de euros, mientras que el beneficio antes de impuestos se quedó en los 48,1 millones, situándose el beneficio neto en los 36,1 millones de euros.
El telepeaje se sitúa como el principal método de pago de los clientes de Audasa, con tres de cada cuatro vehículos que lo utilizan, ingresando a través de ellos 44,1 millones de euros, un 11% más que en el primer semestre de 2022. El pago con tarjeta creció un 4,8%, hasta 15,1 millones, mientras que el efectivo bajó un 11,7%, hasta 6.
Audasa también ingresó por las bonificaciones del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 17,9 millones de euros, un 5,3% más, mientras que las limitaciones de tarifas impulsadas también por el Gobierno supusieron un ingreso de 4,3 millones de euros. El peaje en sombra supuso 6,1 millones de ingresos, un 8,9% más, aunque los descuentos de Audasa representaron -3,8 millones menos en ingresos, un 11,7% más.
Entre otras cifras, la plantilla de Audasa creció hasta las 223 personas, dos más que entre enero y junio de 2022. De este total, un 45,3% son mujeres.
La condena por Rande
Audasa fue condenada en noviembre de 2022 a devolver el 50% del importe de la tarifa que cobró en concepto de peaje a 21 personas físicas y jurídicas durante las obras del puente de Rande, entre 2015 y 2018. Así, se reconoció que las obras “impidieron un correcto servicio a las personas usuarias de la autopista”, según dispuso en aquel momento el Juzgado de Primera Instancia N.º 12 de A Coruña.
El juez había considerado probado que las obras efectuadas en el tramo entre los enlaces de Cangas y Teis, incluida la reforma del puente de Rande, hicieron que Audasa “no prestase el servicio en idénticas condiciones a las que se presta cuando no hay obras”, según indicó el despacho de abogados Xoán Antón Pérez-Lema, que estaba a cargo de la defensa legal de los demandantes.
La sentencia recogió que el propio informe pericial facilitado por Audasa reconoce que se adoptaron restricciones en la circulación normal y que se llevaron a cabo acciones puntuales sobre el tráfico. Además, también señalaba que, en contra del criterio de la concesionaria de la AP-9, las personas demandantes no contaban con ninguna alternativa de circulación a la autopista, ya que los itinerarios posibles implicaban tiempos de desplazamiento aún más lentos que la propia vía de pago en obras.
