Sigue así el criterio de la Fiscalía, que consideró que la competencia para investigar el hundimiento sería del juzgado territorial, el de Marín, y que vio indicios de, al menos, 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores.
El Villa de Pitanxo naufragó durante la madrugada del 15 de febrero en aguas canadienses con 24 marineros a bordo, de los que únicamente han sobrevivido tres. Sólo se han podido hallar los cadáveres de nueve tripulantes.
El titular del juzgado central de instrucción número 2 explica en su auto que los tratados internacionales reconocen la soberanía y el ejercicio de la jurisdicción penal al Estado del pabellón del buque, que supone una extensión extraterritorial de la soberanía, con el fin de evitar lagunas competenciales en alta mar.
También el Tribunal Supremo atribuye la competencia a los juzgados territoriales y no a la Audiencia Nacional cuando el buque donde se habrían cometido hechos delictivos forma parte del territorio español.
Por tanto, dice el juez, "los hechos que sucedan dentro de los buques o aeronaves españolas", como es este caso, "quedan asimilados a los hechos cometidos" dentro del país y quedarían fuera de los límites de la Audiencia, siendo la competencia del juzgado de la localidad donde radica el puerto base, Marín.
El hundimiento del Villa de Pitanxo llegó a la Audiencia tras una denuncia de la Guardia Civil de Pontevedra, que interrogó a los tres únicos supervivientes, entre ellos el capitán; con versiones contradictorias sobre la forma en la que se produjo el hundimiento y cómo fallecieron por hipotermia los tripulantes.
