La Audiencia Nacional absolvió a los miembros de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) Fernando Silva Sande y Victoria Martínez, así como el secretario general del PCE (r), Manuel Pérez Martínez, conocido como el 'camarada Arenas', de los delitos de estragos y de asesinato intentado de los que habían sido acusados por la Fiscalía por ordenar la colocación de un artefacto que explotó el 1 de junio de 1998 en la empresa de trabajo temporal Attempora, situada en la calle Alberto Alcocer de Madrid.
La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, que es además el ponente de la sentencia, señala que de las pruebas presentadas contra los tres acusados 'en manera alguna cabe concluir con la certeza necesaria' que éstos planearan u ordenaran la comisión del hecho.
El tribunal ha tenido en cuenta que ninguno de los documentos intervenidos en Francia con ocasión de las detenciones de estos miembros de los GRAPO en 2000, que fueron analizados por peritos de inteligencia, han permitido concluir que todas y cada una de las acciones de este grupo fueran puntualmente autorizadas y ordenadas por ellos como miembros de la Sección operativa del Comando Central de la banda.
Se llega a esta conclusión, según la sentencia dada a conocer este lunes, sin cuestionar la conclusión sentada en su día por el Tribunal Supremo respecto a que el PCE(r) y GRAPO 'son probadamente componentes de una misma organización', entre cuyos objetivos estaban los 'ataques violentos y armados contra personas y patrimonios con finalidad de subvertir el orden constitucional'.
Silva y Arenas se enfrentaban, junto a la también terrorista Victoria Gómez, a una petición de 55 años de cárcel solicitada por el fiscal Vicente González Mota, que ha elevado a definitiva su acusación por un delito de estragos terroristas y dos de asesinato en grado de tentativa por ordenar la colocación de un artefacto que explotó el 1 de junio de 1998 en la empresa de trabajo temporal Attempora, situada en la calle Alberto Alcocer de Madrid.
El tribunal ha tenido en cuenta que ninguno de los documentos intervenidos en Francia con ocasión de las detenciones de estos miembros de los GRAPO en 2000, que fueron analizados por peritos de inteligencia, han permitido concluir que todas y cada una de las acciones de este grupo fueran puntualmente autorizadas y ordenadas por ellos como miembros de la Sección operativa del Comando Central de la banda.
Se llega a esta conclusión, según la sentencia dada a conocer este lunes, sin cuestionar la conclusión sentada en su día por el Tribunal Supremo respecto a que el PCE(r) y GRAPO 'son probadamente componentes de una misma organización', entre cuyos objetivos estaban los 'ataques violentos y armados contra personas y patrimonios con finalidad de subvertir el orden constitucional'.
Silva y Arenas se enfrentaban, junto a la también terrorista Victoria Gómez, a una petición de 55 años de cárcel solicitada por el fiscal Vicente González Mota, que ha elevado a definitiva su acusación por un delito de estragos terroristas y dos de asesinato en grado de tentativa por ordenar la colocación de un artefacto que explotó el 1 de junio de 1998 en la empresa de trabajo temporal Attempora, situada en la calle Alberto Alcocer de Madrid.
