La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) lamenta que 'no se haya podido recaudar' el dinero de todas las sanciones que supuestamente fueron retiradas de forma irregular en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo y que ese capital no haya revertido finalmente en mejorar 'la seguridad vial'.
En un comunicado, aunque recuerda que en esta fase del proceso judicial 'prevalece la presunción de inocencia de todos los imputados', el colectivo de guardias civiles afirma que le parece 'inverosímil que algún ex alto cargo de la provincia piense que a los cargos públicos no se los podía multar cuando estaban en ejercicio de sus funciones, como si de una amnistía se tratase'.
Frente a esa postura, recuerda que 'los agentes son duramente castigados si omiten alguna infracción o ilícito penal', con sanciones que incluso pueden llevar asociada 'la expulsión del cuerpo'.
De hecho, la AUGC recuerda que la propia Administración impone a los agentes de Tráfico 'un sistema de calificación llamado RAI', que evalúa con nota su trabajo y que puntúa más la denuncia de 'una infracción' que 'el auxilio a un conductor con problemas en la carretera'.
Esta asociación subraya que ese sistema ha llevado a algunos agentes destinados en la provincia de Lugo a perder unos '250 euros' de su salario por 'bajo rendimiento', 'supuestamente porque ha multado menos'.
En ese sentido, lamenta que 'algunos altos mandos y políticos' prefieran que los agentes se conviertan en 'recaudadores de Hacienda' que en 'símbolos de la ayuda y el auxilio al ciudadano'.
La titular del Juzgado de Instrucción Número 3, Estela San José, ha imputado a casi un centenar de personas en el marco de una investigación, iniciada hace ya cuatro años, para esclarecer el supuesto sobreseimiento irregular de sanciones en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo.
Le imputa al ex subdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, un supuesto delito continuado de tráfico de influencias y al que fuera jefe provincial de Tráfico, Julio González, los delitos continuados de tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación administrativa.
Frente a esa postura, recuerda que 'los agentes son duramente castigados si omiten alguna infracción o ilícito penal', con sanciones que incluso pueden llevar asociada 'la expulsión del cuerpo'.
De hecho, la AUGC recuerda que la propia Administración impone a los agentes de Tráfico 'un sistema de calificación llamado RAI', que evalúa con nota su trabajo y que puntúa más la denuncia de 'una infracción' que 'el auxilio a un conductor con problemas en la carretera'.
Esta asociación subraya que ese sistema ha llevado a algunos agentes destinados en la provincia de Lugo a perder unos '250 euros' de su salario por 'bajo rendimiento', 'supuestamente porque ha multado menos'.
En ese sentido, lamenta que 'algunos altos mandos y políticos' prefieran que los agentes se conviertan en 'recaudadores de Hacienda' que en 'símbolos de la ayuda y el auxilio al ciudadano'.
La titular del Juzgado de Instrucción Número 3, Estela San José, ha imputado a casi un centenar de personas en el marco de una investigación, iniciada hace ya cuatro años, para esclarecer el supuesto sobreseimiento irregular de sanciones en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo.
Le imputa al ex subdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, un supuesto delito continuado de tráfico de influencias y al que fuera jefe provincial de Tráfico, Julio González, los delitos continuados de tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación administrativa.
