La satisfacción de la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, al aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria para el período 2011-2013 chocó con el pesimismo de muchas de las comunidades autónomas que no saben cómo van a poder cuadrar sus cuentas. La conselleira de Facenda de la Xunta de Galicia, Marta Fernández Currás, reconoció sentirse decepcionada por la falta de propuestas del ministerio, por la ausencia de políticas económicas para la salida de la crisis y por la negativa a abordar un aplazamiento de las liquidaciones negativas de los ejercicios de 2008 y 2009, que en el caso de Galicia suponen la devoluci?
La conselleira de Facenda de la Xunta de Galicia, Marta Fernández Currás, reconoció sentirse decepcionada por la falta de propuestas del ministerio, por la ausencia de políticas económicas para la salida de la crisis y por la negativa a abordar un aplazamiento de las liquidaciones negativas de los ejercicios de 2008 y 2009, que en el caso de Galicia suponen la devolución de 2.584 millones de euros al Estado.
Según el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera cada comunidad autónoma podrá incurrir en un déficit equivalente al 1,3 por ciento de su PIB regional durante 2011 y 2012, y el 1,1 por ciento en el año 2013.
Si bien para las CC.AA. este ejercicio de rigor presupuestario lo asumen como viable, las discrepancias parecen insalvables cuando se aborda el espinoso asunto de la devolución de las liquidaciones negativas de los ejercicios de 2008 y 2009. La conselleira de Facenda, apoyada por las CC.AA. de La Rioja, Castilla y León, y Comunidad Valenciana, y con la complicidad de Andalucía y Extremadura, encabezó un frente para aumentar el período de las devoluciones hasta los 10 años. La ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno se negó a asumir esta posibilidad y recordó que las CC.AA. tienen un año de moratoria y cuatro de aplazamiento para satisfacer sus deudas con el Estado.
Bomba financiera
La respuesta tajante de Elena Salgado no satisfizo a la conselleira de Facenda que anunció que continuarían buscando el modo de retrasar este pago, porque para las comunidades autónomas era inasumible en un contexto como el actual. 'El escenario que maneja el Gobierno para el próximo ejercicio nos preocupa porque se prevé un crecimiento de ingresos superior de lo que indica la realidad económica. Hemos reclamado prudencia porque esto es una bomba finaciera para las comunidades autónomas', dijo Fernández Currás tras la finalización del Consejo.
Para la conselleira de Facenda estamos ante un escenario en el que sólo es necesaria buena voluntad, porque esta operación no tiene ninguna consecuencia financiera para España en relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria impuestos desde la Unión Europea. 'Estamos ante una mera operación de tesorería que se debe negociar exclusivamente entre el Estado y las distintas autonomías'. La conselleira de Facenda también mostró su disconformidad con la actuación del Ministerio, que se había comprometido a llevar al Consejo las propuestas del grupo de trabajo constituido en el seno del CPFF, que se había reunido en cuatro ocasiones. Sin embargo, a la hora de presentar estas propuestas, Elena Salgado, se negó a darlas a conocer y las retrasó hasta una nueva reunión del grupo de trabajo. Marta Currás aseguró que las comunidades necesitan medidas de estímulo y que de no ser así no podrán cumplir sus compromisos con el Estado.
Según el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera cada comunidad autónoma podrá incurrir en un déficit equivalente al 1,3 por ciento de su PIB regional durante 2011 y 2012, y el 1,1 por ciento en el año 2013.
Si bien para las CC.AA. este ejercicio de rigor presupuestario lo asumen como viable, las discrepancias parecen insalvables cuando se aborda el espinoso asunto de la devolución de las liquidaciones negativas de los ejercicios de 2008 y 2009. La conselleira de Facenda, apoyada por las CC.AA. de La Rioja, Castilla y León, y Comunidad Valenciana, y con la complicidad de Andalucía y Extremadura, encabezó un frente para aumentar el período de las devoluciones hasta los 10 años. La ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno se negó a asumir esta posibilidad y recordó que las CC.AA. tienen un año de moratoria y cuatro de aplazamiento para satisfacer sus deudas con el Estado.
Bomba financiera
La respuesta tajante de Elena Salgado no satisfizo a la conselleira de Facenda que anunció que continuarían buscando el modo de retrasar este pago, porque para las comunidades autónomas era inasumible en un contexto como el actual. 'El escenario que maneja el Gobierno para el próximo ejercicio nos preocupa porque se prevé un crecimiento de ingresos superior de lo que indica la realidad económica. Hemos reclamado prudencia porque esto es una bomba finaciera para las comunidades autónomas', dijo Fernández Currás tras la finalización del Consejo.
Para la conselleira de Facenda estamos ante un escenario en el que sólo es necesaria buena voluntad, porque esta operación no tiene ninguna consecuencia financiera para España en relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria impuestos desde la Unión Europea. 'Estamos ante una mera operación de tesorería que se debe negociar exclusivamente entre el Estado y las distintas autonomías'. La conselleira de Facenda también mostró su disconformidad con la actuación del Ministerio, que se había comprometido a llevar al Consejo las propuestas del grupo de trabajo constituido en el seno del CPFF, que se había reunido en cuatro ocasiones. Sin embargo, a la hora de presentar estas propuestas, Elena Salgado, se negó a darlas a conocer y las retrasó hasta una nueva reunión del grupo de trabajo. Marta Currás aseguró que las comunidades necesitan medidas de estímulo y que de no ser así no podrán cumplir sus compromisos con el Estado.
