Galicia, Aragón, Asturias, las dos Castillas y Extremadura representan el 60% del territorio español.
Galicia y otras cinco comunidades autónomas -Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura- se unieron para reclamar al Gobierno una nueva ponderación de las variables de densidad, dispersión, envejecimiento y población protegida en la revisión del sistema de financiación autonómica. Este es uno de los compromisos alcanzados por las seis comunidades en el II Encuentro Interterritorial por el Cambio Demográfico, al que se han unido Extremadura y Castilla-La Mancha después de un primer encuentro celebrado en Oviedo en octubre de 2013, en el que las otras cuatro autonomías dieron los primeros pasos para hacer frente común y defender un mayor peso de las variables demográficas en el nuevo modelo de financiación.
Además, solicitarán al Gobierno la elaboración de una estrategia nacional para el cambio demográfico y buscarán alianzas con otras regiones de la Unión Europea afectadas por el mismo problema. Así, preven reunirse con representantes de la Comisión Europea y reclamar al Gobierno mayor financiación para políticas de desarrollo rural, al entender que tienen un carácter transversal y afectan directamente a la vertebración y ordenación del territorio. También esperan concienciar a las fuerzas políticas de la importancia de los desafíos demográficos y sus consecuencias, y de la necesidad de promover un pacto estatal por la demografía.
Sólo el 29% de la población
Estas seis comunidades representan 60% del territorio y 58 % de los municipios, pero solo 29 % de la población, lo que hace que en casos como Aragón, un alumno de educación secundaria de Albarracín cueste tres veces más que uno de un instituto de Zaragoza (9.396 euros frente a 3.370), como puso de ejemplo el consejero de Política Territorial e Interior de Aragón, Antonio Suárez. Esas comunidades tienen como común denominador la despoblación, "un problema que tarde un temprano se va a ir produciendo en otras comunidades autónomas", añadió.
El consejero de Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, subrayó que el actual modelo de financiación nació "muerto" en su comunidad, ya que ni siquiera cubre el presupuesto de sanidad, educación y servicios sociales, y precisó que este frente común no es contra nadie ni se trata de "echar un pulso" a las comunidades con más población. De lo que se trata, dijo, es de saber conciliar todas las dificultades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y alcanzar un equilibrio.
Por su parte, el consejero de Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez, advirtió, no obstante, de que el nuevo modelo de financiación no debería suponer la pérdida del actual "statu quo" para su comunidad.
El consejero de Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pedro Tomás Nevado-Batalla, subrayó que el objetivo de este frente es "fijar la población" para que sus habitantes "tengan las mismas oportunidades que en otras partes". Por su parte, Carmen Casero, consejera de Empleo y Economía de la Junta de Castilla-La Mancha, entiende que si no se afrontan esos cambios "como reto de Estado, difícilmente se podrían afrontar otros retos".
