El bipartito gallego cumplió, dos años después de asumir el gobierno, más de la mitad de las bases programáticas que PSdeG y BNG firmaron en julio de 2005 para la acción conjunta en la Xunta, aunque fracasaron en compromisos importantes, como la reforma estatutaria, y aún no han consolidado el autogobierno y la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación.
Socialistas y nacionalistas se aplicaron, durante estos dos últimos años, especialmente, en el impulso del empleo, la educación, el I+D+I y la igualdad entre hombres y mujeres. También en la consolidación del sistema de bienestar, la puesta en valor del territorio y el avance en la normalización lingüística. Todos ellos, objetivos ‘prioritarios’ en el pacto de gobierno.
Precisamente, la sanidad, educación, lengua, igualdad, bienestar y Sanidad, así como la regeneración de la vida política y las medidas de transparencia en la administración fueron las áreas en las que el bipartito centró buena parte de su trabajo durante lo que llevamos de legislatura. En el lado contrario se sitúa la política territorial, con un nivel de cumplimiento de los objetivos previstos muy por debajo de la media del conjunto de los departamentos de la Xunta.
En todo caso, el trabajo desarrollado por el Ejecutivo gallego se refleja en los 29 proyectos legislativos aprobados por la Cámara que se unen a los tres impulsados por el propio Parlamento. Entre ellos, destacan aquellos con ‘vocación reformista’ --según apuntó el propio Pérez Touriño-como la lei de Transparencia y la de Subvencións y los de ‘contenido social’, como la lei do Traballo en Igualdade y la de Violencia de Xénero.
Además, destacan las leyes impulsadas en el ámbito de la seguridad, como la de Policía de Galicia y la de Emergencias y otras de profunda implicación territorial como la Lei dos Bancos de Terras y la de Medidas Urxentes de Ordenación do Litoral.
Sin embargo, de los 32 proyectos aprobados, seis son de modificación de normas existentes y cinco de creación de colegios profesionales, mientras que otros tres --la lei de prevención e tratamento integral da violencia de xénero, la de regulación del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral y la de modificación de la Lei da Función Pública-fueron aprobados en un pleno extraordinario el pasado 17 de julio.
ESTATUTO
No obstante, y a pesar del nivel de cumplimiento de los objetivos del pacto de gobierno, PSdeG y BNG fracasaron en impulsar la reforma estatutaria, un proceso que se cerró el pasado febrero tras meses de negociaciones y de trabajo parlamentario a través de una comisión específica.
Asimismo, aún no se han cumplido otras de las principales prioridades del bipartito; la puesta en marcha de un modelo de financiación y el refuerzo del autogobierno. Sobre la primera cuestión, PSdeG y BNG aún no han acordado un nuevo modelo de financiación público basado en los criterios de ‘suficiencia y equidad’, ni tampoco una reforma del Fondo de Compensación Interterritorial, aunque sí han comenzado a reformar la financiación sanitaria.
En relación al autogobierno, la Xunta, en estos dos años, tan sólo ha conseguido el traspaso de dos nuevas competencias; la transferencia del centro educativo Juan de Lángara de Ferrol y la facultad para que Galicia pueda expedir títulos de gestor administrativo, aunque se avanza en otros seis campos, entre ellos, la transferencia de los medios de Salvamento Marítimo o inspección de trabajo.
Otros de los objetivos que aún no se han cumplido son la reforma de la ley electoral, para garantizar la paridad de género en las listas electorales y mayores garantías en la emisión de votos de los emigrantes, o la elaboración de una ley que garantice el carácter público de la CRTVG y designe a su director xeral por mayoría cualificada de la Cámara.
Por el contrario, en este periodo, se han aprobado otras leyes de gran calado para el medio rural, como la Lei de prevención e defensa contra os incendios o la de medidas para a conservación da superficie agraria útil e do banco de terras de Galicia. También en seguridad y administración pública, como las de transparencia e boas prácticas na Administración, de la Academia Galega de Seguridade Pública, de coordinación de policías locais, de emerxencias de Galicia o de Policía de Galicia.
En el polo opuesto se sitúan las políticas de territorio y sustentabilidade, un área donde el bipartito aún no ha procedido a realizar la regeneración y saneamiento de las rías, la conservación de los núcleos rurales como asentamiento poblacional diferenciado, un plan de Infraestructuras do Transporte o la elaboración de una lei de áreas metropolitanas.
No obstante, el Gobierno gallego prevé aprobar antes de final de este año nueve nuevas leyes entre las que incluye, precisamente, dos de áreas metropolitanas --la de A Coruña y Vigo--, la reforma de la Lei do Solo para fomentar la vivienda protegida, la Lei da Paisaxe, la de Residuos, la de Augas, la de Servicios Sociales, la de Salud o la de Pesca.
