El BNG ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que con la reforma del Registro Civil no empiece a cobrar a los ciudadanos por trámites que ahora son gratuitos, así como que mantenga su actual estructura administrativa y evite su gestión privada.
En la exposición de motivos de la proposición, presentada a la Mesa del Congreso por el Grupo Mixto a instancias de la diputada del BNG Olaia Fernández, se recuerda que el Ministerio de Justicia anunció un anteproyecto de ley de reforma de los registros en el que propone trasladar las competencias del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la propiedad, así como a los notarios.
Para la diputada, 'todo indica' que el anteproyecto supone la privatización de este registro, lo que perjudicaría a la mayoría de la población. 'El Registro Civil es un servicio público de carácter gratuito y así debería permanecer', afirma en la proposición.
Expresa su temor de que, 'dados los antecedentes y la línea política que está siguiendo el ministro de Justicia, que ya debería ser bautizado como el ministro de las tasas', los ciudadanos vayan a tener que pagar a los registradores de la propiedad y mercantiles aranceles por obtener un certificado de nacimiento, de defunción u otros actos del estado civil, que ahora son gratuitos.
A su juicio, el Ministerio 'se mueve en la ambigüedad calculada' ya que no ha revelado en qué trámites se aplicarán las tasas, aunque añade que fuentes de ese departamento han indicado que serán de entre 10 y 40 euros y se aplicarán a trámites de matrimonio, divorcio, cambios de nombres y peticiones de nacionalidad.
Por todo ello, insta al Gobierno a que el proyecto de ley de reforma de los registros civiles no establezca el cobro de tasas por servicios que 'siempre han sido públicos y gratuitos, como la solicitud de un certificado de nacimiento o defunción', y que mantenga su estructura 'evitando su adscripción a cualquier tipo de gestión privada'.
Para la diputada, 'todo indica' que el anteproyecto supone la privatización de este registro, lo que perjudicaría a la mayoría de la población. 'El Registro Civil es un servicio público de carácter gratuito y así debería permanecer', afirma en la proposición.
Expresa su temor de que, 'dados los antecedentes y la línea política que está siguiendo el ministro de Justicia, que ya debería ser bautizado como el ministro de las tasas', los ciudadanos vayan a tener que pagar a los registradores de la propiedad y mercantiles aranceles por obtener un certificado de nacimiento, de defunción u otros actos del estado civil, que ahora son gratuitos.
A su juicio, el Ministerio 'se mueve en la ambigüedad calculada' ya que no ha revelado en qué trámites se aplicarán las tasas, aunque añade que fuentes de ese departamento han indicado que serán de entre 10 y 40 euros y se aplicarán a trámites de matrimonio, divorcio, cambios de nombres y peticiones de nacionalidad.
Por todo ello, insta al Gobierno a que el proyecto de ley de reforma de los registros civiles no establezca el cobro de tasas por servicios que 'siempre han sido públicos y gratuitos, como la solicitud de un certificado de nacimiento o defunción', y que mantenga su estructura 'evitando su adscripción a cualquier tipo de gestión privada'.
