El Parlamento de Galicia remitió un documento al Tribunal Constitucional (TC) en el que pide el levantamiento de la suspensión del catálogo priorizado de fármacos y defiende la constitucionalidad de la Ley de racionalización del gasto en la prestación farmacéutica, aprobada por PPdeG y BNG con el rechazo del PSdeG, y recurrida por el Gobierno central ante el Alto Tribunal.
Las alegaciones elaboradas por los servicios jurídicos de la Cámara gallega ya fueron registradas en la sede del TC e inciden en que se levante la suspensión de la norma recurrida, por entender que los preceptos impugnados son 'plenamente respetuosos' con la Constitución y con la distribución de competencias que se establece en la misma y en el Estatuto de Autonomía.
Como ya se hizo con la ley de cajas, los servicios jurídicos se personaron en defensa del espacio competencial y legislativo que tiene encomendado el Parlamento de Galicia y por entender que 'no existe contradicción' entre el catálogo priorizado de fármacos y el ordenamiento estatal en vigor. Así, en casi medio centenar de páginas, los servicios jurídicos de la Cámara alegan ante el TC que la Ley de racionalización del gasto farmacéutico comprende 'todos los medicamentos integrados en la cartera de servicios comunes' del Sistema Nacional de Salud (SNS), 'sin afectar' al modelo de financiación pública de fármacos ni al sistema de precios de referencia.
INTOLERANCIAS
'Todos los medicamentos financiables por el SNS lo son también en nuestra comunidad y se mantiene una igualdad efectiva real en las prestaciones farmacéuticas', alega el documento. Según informó el Parlamento, las alegaciones recuerdan que la norma recurrida contempla un protocolo especial para dar cobertura a casuísticas particulares individuales que precisen de una prescripción determinada y de una marca concreta, como en el caso de los pacientes que presentan intolerancia a excipientes. Esta facultad compete a los facultativos del Sergas.
La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, considera que las alegaciones remitidas por el Parlamento de Galicia al Tribunal Constitucional, 'refuerza' su constitucionalidad y su 'respeto escrupuloso' de las competencias del Estado.
Como ya se hizo con la ley de cajas, los servicios jurídicos se personaron en defensa del espacio competencial y legislativo que tiene encomendado el Parlamento de Galicia y por entender que 'no existe contradicción' entre el catálogo priorizado de fármacos y el ordenamiento estatal en vigor. Así, en casi medio centenar de páginas, los servicios jurídicos de la Cámara alegan ante el TC que la Ley de racionalización del gasto farmacéutico comprende 'todos los medicamentos integrados en la cartera de servicios comunes' del Sistema Nacional de Salud (SNS), 'sin afectar' al modelo de financiación pública de fármacos ni al sistema de precios de referencia.
INTOLERANCIAS
'Todos los medicamentos financiables por el SNS lo son también en nuestra comunidad y se mantiene una igualdad efectiva real en las prestaciones farmacéuticas', alega el documento. Según informó el Parlamento, las alegaciones recuerdan que la norma recurrida contempla un protocolo especial para dar cobertura a casuísticas particulares individuales que precisen de una prescripción determinada y de una marca concreta, como en el caso de los pacientes que presentan intolerancia a excipientes. Esta facultad compete a los facultativos del Sergas.
La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, considera que las alegaciones remitidas por el Parlamento de Galicia al Tribunal Constitucional, 'refuerza' su constitucionalidad y su 'respeto escrupuloso' de las competencias del Estado.
