El pleno del Parlamento acordó por unanimidad cinco puntos de una proposición no de ley presentada por el PSdeG por la que se insta a la Xunta a regularizar la situación de los emigrantes retornados que no declararon sus pensiones en el extranjero sin considerarlos defraudadores fiscales. En la exposición, la diputada socialista Carmen Gallego expuso que si se comprueba que estas personas han de hacer frente a los abonos que se les reclaman, algo que bajo su criterio despierta 'muchas dudas legales', no sean tratados como 'delincuentes fiscales' y puedan disponer de un margen de tiempo razonable.
Precisamente, todos los grupos representados en el hemiciclo apoyaron que el Gobierno gallego solicite del central que se habiliten períodos de pago 'más largos que los estipulados habitualmente' en aras de evitar un quebranto económico en las unidades familiares de estos pensionistas. También que se exima del pago de sanciones a aquellos que regularicen su situación fiscal, que se revisen los convenios marco con otros países para evitar que situaciones de este tipo puedan volver a producirse en el futuro y que se tengan en cuenta todos los criterios anteriores para estimar los recursos que se presenten ante las sanciones ya comunicadas.
La nacionalista Tareixa Paz lamentó que 'se meta la mano' en el bolsillo de este colectivo, víctima de 'la mano del hierro de la legislación' para 'tributar', y el popular Pedro Puy ofreció diálogo y negociación para respaldar el texto.
AGE VE VIVO A PINOCHET
El momento más tenso lo protagonizó el diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Juan Manuel Fajardo, al lamentar que cuarenta años después del 'vil asesinato' de Salvador Allende por el fascismo internacional, encarnado en el dictador chileno Augusto Pinochet, sus ideas 'sigan vivas', pero también sus enemigos, 'por desgracia' muchos 'sentados en esta Cámara'. Su comentario fue reprobado por Miguel Santalices, que en ese momento ejercía la presidencia, a lo que Fajardo no replicó y optó por recriminar que la justicia siempre vaya 'contra los mismos', ahora con una medida 'injusta, retrógada y antieconómica' puesto que el sustento de muchas familias depende de estas pagas.
Tanto Paz como Fajardo calificaron de 'robo' la percepción de impuestos relativos al periodo 2008-2012 a pensionistas gallegos que trabajaron en el pasado en otros países y que ahora son beneficiarios de ese tipo de prestaciones de jubilación.
La titular de la Consellería de Facenda, Elena Muñoz, en su réplica, indicó que eso 'no es competencia' del Gobierno autonómico y dijo haber enviado cartas al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Tributaria a favor de 'hacer menos lesivo' el 'cumplimiento de su obligaciones' en materia de impuestos. Muñoz expresó la 'preocupación' de la Xunta por ese asunto, consideró que 'no hubo animo defraudatorio' y concluyó que 'existe margen de maniobra para aliviar' la situación, y evocó la posibilidad de ampliar al máximo posible el plazo de pago.
La Agencia Tributaria aplicó sanciones en Galicia a un tercio de los emigrantes retornados que no declararon sus pensiones en el extranjero, informaron fuentes de Hacienda en Galicia. Miles de gallegos fueron emplazados a declarar sus pensiones del extranjero y a acreditar los subsidios recibidos de otros países desde el año 2008 para tributar por ellos. La Agencia Tributaria entendía que no habían cumplido con sus deberes fiscales a pesar de que en la mayoría de los casos nunca habían sido informados sobre la necesidad de pagar por las pensiones de la emigración. El límite se sitúa en los 11.200 euros, por lo que todos aquellos que entre la pensión de España y la del país donde emigraron superen esa cantidad estarían obligados a ponerse al día.
La nacionalista Tareixa Paz lamentó que 'se meta la mano' en el bolsillo de este colectivo, víctima de 'la mano del hierro de la legislación' para 'tributar', y el popular Pedro Puy ofreció diálogo y negociación para respaldar el texto.
AGE VE VIVO A PINOCHET
El momento más tenso lo protagonizó el diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Juan Manuel Fajardo, al lamentar que cuarenta años después del 'vil asesinato' de Salvador Allende por el fascismo internacional, encarnado en el dictador chileno Augusto Pinochet, sus ideas 'sigan vivas', pero también sus enemigos, 'por desgracia' muchos 'sentados en esta Cámara'. Su comentario fue reprobado por Miguel Santalices, que en ese momento ejercía la presidencia, a lo que Fajardo no replicó y optó por recriminar que la justicia siempre vaya 'contra los mismos', ahora con una medida 'injusta, retrógada y antieconómica' puesto que el sustento de muchas familias depende de estas pagas.
Tanto Paz como Fajardo calificaron de 'robo' la percepción de impuestos relativos al periodo 2008-2012 a pensionistas gallegos que trabajaron en el pasado en otros países y que ahora son beneficiarios de ese tipo de prestaciones de jubilación.
La titular de la Consellería de Facenda, Elena Muñoz, en su réplica, indicó que eso 'no es competencia' del Gobierno autonómico y dijo haber enviado cartas al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Tributaria a favor de 'hacer menos lesivo' el 'cumplimiento de su obligaciones' en materia de impuestos. Muñoz expresó la 'preocupación' de la Xunta por ese asunto, consideró que 'no hubo animo defraudatorio' y concluyó que 'existe margen de maniobra para aliviar' la situación, y evocó la posibilidad de ampliar al máximo posible el plazo de pago.
La Agencia Tributaria aplicó sanciones en Galicia a un tercio de los emigrantes retornados que no declararon sus pensiones en el extranjero, informaron fuentes de Hacienda en Galicia. Miles de gallegos fueron emplazados a declarar sus pensiones del extranjero y a acreditar los subsidios recibidos de otros países desde el año 2008 para tributar por ellos. La Agencia Tributaria entendía que no habían cumplido con sus deberes fiscales a pesar de que en la mayoría de los casos nunca habían sido informados sobre la necesidad de pagar por las pensiones de la emigración. El límite se sitúa en los 11.200 euros, por lo que todos aquellos que entre la pensión de España y la del país donde emigraron superen esa cantidad estarían obligados a ponerse al día.
