CC.OO. reiteró que sus denuncias acerca del concurso que rige el proceso de selección del personal del Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar --galescolas, atención a mayores y otros ámbitos-y aseveró que las oposiciones son un fraude y un engaño para los trabajadores.
Este sindicato, que no prestó su apoyo al proceso selectivo, considera que éste inicia viciado en origen y crea un clima laboral negativo en los centros de trabajo para más de 300 trabajadores que actualmente ven peligrar su continuidad por quedar, con la complicidad de la CIG, su estabilidad laboral.
Para obtener el respaldo de CC.OO., esta central sindical plantea las condiciones de que las bases recojan garantías de transparencia como test o nota de corte; que las comisiones de valoración cuenten con representación sindical plural, que la OPE-2008 recoja sólo la relación de plazas correspondientes a los contratos realizados en 2007; y que en el acuerdo se relacione la totalidad de las plazas restantes en una segunda fase, aplicándoles los mismos criterios de transparencia, objetividad y participación sindical.
Asimismo, en un comunicado de prensa, el sindicato responsabilizó de la aprobación y publicación (el 30 de diciembre) de estas bases a la actitud intransigente de los representantes del Consorcio y el colaboracionismo de su brazo sindical, la CIG, que impuso en la mesa de negociación unas bases que carecen de las mínimas garantías de objetividad y transparencia.
CRITICAS
A estas críticas respondió en los últimos días la CIG, que defiende la legalidad del concurso oposición y se ampara en que el 86 por ciento de los trabajadores (representados por esta central sindical y UGT) defienden el proceso. Además, también los cuatro comités de empresa provinciales apoyaron el concurso en una rueda de prensa conjunta con estos dos sindicatos.
Por su lado, el PPdeG reclamó a Vicepresidencia de la Xunta que paralice de inmediato la convocatoria de oposiciones del Consorcio al considerar que es de dudosa legalidad. Asimismo, los 'populares' avanzaron que el futuro gobierno revisará la oposición para ajustarla a la ley.
A esta apelación, la CIG respondió con la acusación al PPdeG de ocultar tras sus difamaciones sobre el proceso selectivo del Consorcio de Servizos da Igualdade e do Benestar su intención de privatizarlo para beneficiar a sus amigos.
Por su lado, el departamento autonómico competente en la materia y que ahora se encuentra en funciones aclaró que será el futuro Gobierno autonómico, que dirigirá el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, el que resolverá las oposiciones convocadas e indicó que el procedimiento seguirá su curso de forma normal, entre tanto.
VALORACIÓN DE TOURIÑO
Por su parte, el presidente de la Xunta en funciones, Emilio Pérez Touriño, consideró acertada la decisión de Vicepresidencia de continuar con las oposiciones para el Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar, puesto que ya estaban en marcha antes de las elecciones y porque serán resueltas por el próximo Gobierno gallego.
En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el máximo mandatario gallego insistió en que el procedimiento estaba decidido y concertado y aseguró que su vicepresidente, Anxo Quintana, apuesta por que sea el próximo Ejecutivo el que resuelva este concurso-oposición.
Vicepresidencia estima que están en marcha, por lo que siguen su proceso, pero no será este Gobierno, sino el nuevo, el que resuelva estas oposiciones, precisó Touriño. De este modo, los tribunales y la puntuación serán nombrados y fijados por la nueva Xunta, que será la que conceda finalmente las plazas, según informaron fuentes de Presidencia.
OPOSICIONES
Por otra parte, respecto al resto de oposiciones que dependen de Función Pública, Touriño indicó que el actual Gobierno gallego en funciones cuenta con un criterio claro para decidir sobre su celebración. Así, los procesos convocados antes de los comicios siguen su curso y deben ser desarrollados. Todo lo que tenga que ver con antes del 1 de marzo no está paralizado, aseguró.
Tras incidir en que no hay ninguna paralización, apuntó que se suspendió el nombramiento de nuevos tribunales como un requisito de prudencia de un Gobierno en funciones que actúa con absoluta limpieza para que sea el Ejecutivo entrante el que los fije. Sobre el retraso que provocará este requisito, entendió que no será excesivamente perjudicial, ya que significará unos 15 o 20 días hábiles o 30 días naturales.
En todo caso, lo de antes del 1 de marzo es el que está en marcha y lo posterior al 1 de marzo creemos que debe ser el nuevo Gobierno el que debe tomar las decisiones, subrayó, a modo de conclusión, el jefe del Ejecutivo gallego.
Para obtener el respaldo de CC.OO., esta central sindical plantea las condiciones de que las bases recojan garantías de transparencia como test o nota de corte; que las comisiones de valoración cuenten con representación sindical plural, que la OPE-2008 recoja sólo la relación de plazas correspondientes a los contratos realizados en 2007; y que en el acuerdo se relacione la totalidad de las plazas restantes en una segunda fase, aplicándoles los mismos criterios de transparencia, objetividad y participación sindical.
Asimismo, en un comunicado de prensa, el sindicato responsabilizó de la aprobación y publicación (el 30 de diciembre) de estas bases a la actitud intransigente de los representantes del Consorcio y el colaboracionismo de su brazo sindical, la CIG, que impuso en la mesa de negociación unas bases que carecen de las mínimas garantías de objetividad y transparencia.
CRITICAS
A estas críticas respondió en los últimos días la CIG, que defiende la legalidad del concurso oposición y se ampara en que el 86 por ciento de los trabajadores (representados por esta central sindical y UGT) defienden el proceso. Además, también los cuatro comités de empresa provinciales apoyaron el concurso en una rueda de prensa conjunta con estos dos sindicatos.
Por su lado, el PPdeG reclamó a Vicepresidencia de la Xunta que paralice de inmediato la convocatoria de oposiciones del Consorcio al considerar que es de dudosa legalidad. Asimismo, los 'populares' avanzaron que el futuro gobierno revisará la oposición para ajustarla a la ley.
A esta apelación, la CIG respondió con la acusación al PPdeG de ocultar tras sus difamaciones sobre el proceso selectivo del Consorcio de Servizos da Igualdade e do Benestar su intención de privatizarlo para beneficiar a sus amigos.
Por su lado, el departamento autonómico competente en la materia y que ahora se encuentra en funciones aclaró que será el futuro Gobierno autonómico, que dirigirá el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, el que resolverá las oposiciones convocadas e indicó que el procedimiento seguirá su curso de forma normal, entre tanto.
VALORACIÓN DE TOURIÑO
Por su parte, el presidente de la Xunta en funciones, Emilio Pérez Touriño, consideró acertada la decisión de Vicepresidencia de continuar con las oposiciones para el Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar, puesto que ya estaban en marcha antes de las elecciones y porque serán resueltas por el próximo Gobierno gallego.
En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el máximo mandatario gallego insistió en que el procedimiento estaba decidido y concertado y aseguró que su vicepresidente, Anxo Quintana, apuesta por que sea el próximo Ejecutivo el que resuelva este concurso-oposición.
Vicepresidencia estima que están en marcha, por lo que siguen su proceso, pero no será este Gobierno, sino el nuevo, el que resuelva estas oposiciones, precisó Touriño. De este modo, los tribunales y la puntuación serán nombrados y fijados por la nueva Xunta, que será la que conceda finalmente las plazas, según informaron fuentes de Presidencia.
OPOSICIONES
Por otra parte, respecto al resto de oposiciones que dependen de Función Pública, Touriño indicó que el actual Gobierno gallego en funciones cuenta con un criterio claro para decidir sobre su celebración. Así, los procesos convocados antes de los comicios siguen su curso y deben ser desarrollados. Todo lo que tenga que ver con antes del 1 de marzo no está paralizado, aseguró.
Tras incidir en que no hay ninguna paralización, apuntó que se suspendió el nombramiento de nuevos tribunales como un requisito de prudencia de un Gobierno en funciones que actúa con absoluta limpieza para que sea el Ejecutivo entrante el que los fije. Sobre el retraso que provocará este requisito, entendió que no será excesivamente perjudicial, ya que significará unos 15 o 20 días hábiles o 30 días naturales.
En todo caso, lo de antes del 1 de marzo es el que está en marcha y lo posterior al 1 de marzo creemos que debe ser el nuevo Gobierno el que debe tomar las decisiones, subrayó, a modo de conclusión, el jefe del Ejecutivo gallego.
