Considera que la consellería ‘necesita mejorar en términos generales’ y le atribuye ‘vicios’ que ‘recuerdan’ a la Administración del PP

CIG-Ensino ‘suspende’ a Educación y critica que con la matrícula abierta se desconozcan las optativas para Bachillerato

CIG-Ensino otorgó un ‘suspenso claro’ a la Consellería de Educación en el curso 2007-2008 recién terminado y aseguró que ‘necesita mejorar en términos generales’ y criticó que con la matrícula abierta para 1 de Bachillerato, y con la aplicación del nuevo currículo, se desconozcan las optativas a elegir y que no recoge el nuevo decreto.
Así lo destacó en rueda de prensa el secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, quien consideró que el periodo lectivo recién finalizado fue ‘el peor, sin lugar a dudas’ de los tres últimos cursos en materia educativa del Gobierno bipartito. En este sentido, rechazó algunos ‘vicios’ de Educación que, a su juicio, ‘recuerdan a la Administración educativa anterior’. ‘Eso sí es un retroceso’, lamentó.

Louzao realizó un repaso de todas las reivindicaciones del sindicato nacionalista en el curso escolar finalizado y rescató como ‘lo único a valorar’ de la consellería el acuerdo de itinerantes alcanzado en este periodo. Por la contra, reiteró que la consellería desempeñó una ‘política educativa involucionista’, en la que apostó, según enumeró Louzao, por la confesionalidad y por la privatización.

En este sentido, destacó ‘incumplimientos’ de la consellería como la reducción de la ratio en aulas de infantil acordado por el bipartito para finalizar la legislatura con 15 alumnos por aula cuando en la realidad, según recordó, ‘sigue en vigencia’ un máximo de 25 niños por clase. ‘Va a ser imposible en seis meses efectivizarlo’, añadió.

Asimismo, rechazó que tras celebrarse hace año y medio las elecciones sindicales se mantiene un ‘elemento de ineptitud e incompetencia’ al no configurarse la nueva mesa sectorial en base a los resultados. Al respecto, criticó que funcione como un órgano de negociación ‘que nadie asume’ porque, según comentó, el presidente de la misma --que corresponde al secretario xeral de la consellería-no se sitúa el frente del mismo, sino cada responsable de la dirección xeral correspondiente. ‘Es un retroceso en las negociación de diálogo e intercambio de opiniones’, apostilló.

AUTORITARISMO.

Por ello, Anxo Louzao insistió en que existe ‘descoordinación y falta de asunción de responsabilidades’ y reprobó la ‘actuación permanente de imposición y autoritarismo’ porque ‘llevó a que el incumplimiento fuera un denominador común’. Además, lamentó la ‘falta de diálogo y negociación, sobre todo en el último trimestre’.

Lamentó también que aspectos como el decreto de Bachillerato, el programa de mejora del éxito escolar con los ayuntamientos y la nueva orden de comedores no pasaran por la mesa sectorial de educación.

Además, apuntó que este curso no se reunió la mesa de universidades.

Además, incidió en la ‘sobrecarga’ de trabajo administrativo y burocrático dentro de los centros educativos, así como el ‘refuerzo’ de la enseñanza privada-concertada. En concreto, mencionó el caso de Monforte (Lugo), con dos centros públicos de infantil, donde Educación ‘no dudó en ampliar los conciertos con Escolapios con una unidad más de tres años’. ‘No es necesario para escolarizar al alumnado’, aseveró.

En esta línea, se refirió a Formación Profesional, contraponiendo las 1.920 plazas en ciclos medios de carácter privado-concertado frente a las 625 públicas; y las 700 y 530, respectivamente, en los ciclos superiores. ‘El 11% de los presupuestos van a la educación privada-concertada’, agregó, al tiempo que rechazó la ‘disposición’ de la consellería ‘a la propaganda’ y la ‘falta de proyectos universales para toda la población’.

La central nacionalista recalcó, asimismo, que se trató de un ‘curso perdido’ para la galleguización de la enseñanza y para ‘avanzar en la calidad’. ‘No fue capaz de aplicar la norma’, remarcó.

Al respecto, la CIG-Ensino subrayó la ‘total falta de compromiso y apoyo’ de Educación a la puesta en marcha del decreto aprobado en junio del año pasado.


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